Desde que se conoció el borrador hubo cruces permanentes y se abre una nueva “grieta” entre los argentinos en torno a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que podría modificar la vida de los ciudadanos por los cambios en la relación entre los trabajadores y las empresas. En este sentido, expertos consultados manifestaron opiniones a favor y en contra.Desde la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) advirtieron que la reforma impulsada por el Gobierno nacional representa una “flexibilización encubierta” y que los cambios están orientados a “arrasar con la Ley de Contratos de Trabajo, las normas protectoras laborales y de la seguridad social”.El presidente de la AAL, Matías Cremonte, consultado al respecto, expresó que “no se trata, como se anunciaba, de reformas consensuadas sector por sector. Se trata, por el contrario, de una reforma estructural, integral, que ataca los pilares históricos del derecho del trabajo en la Argentina”.Por ello pidió a los trabajadores y gremios que luchen y convocó a “resistir esta reforma” ya que “no puede depender solo de las representaciones parlamentarias”. “Los propios trabajadores y sus organizaciones deben dar batalla a esta reforma regresiva; todos los actores del mundo del trabajo deben hacerlo. No existe ningún ejemplo en el mundo que muestre que haber renunciado a derechos haya creado más trabajo”, adujo. Repasó también los puntos más críticos y consideró que “la iniciativa oficial extiende de modo exponencial la tercerización laboral, desnaturaliza las multas por el empleo no registrado. Crea la fraudulenta figura del ‘trabajador autónomo económicamente dependiente’ y reduce la indemnización por despido. Por otra parte, habilita a los sindicatos a negociar a la baja la ampliación de la jornada de trabajo, eliminando el pago de horas extras; como asimismo, la sustitución del pago de la indemnización por despido que le corresponde al empleador por un fondo de cese de empleo”, enumeró. Destacó además que se “modifica el plazo de prescripción, en forma discriminatoria para las personas que trabajan, pasando de dos a un año, además de conceder disminuciones en las contribuciones patronales y suprimir las sanciones a los empleadores por la violación de las leyes que obligan a registrar la relación laboral”.Otro abogado consultado fue Isaac Lenguaza, quien expresó que “la reforma laboral tal como la propone Macri es inconstitucional. En vez de frenar una supuesta industria del juicio, que en Misiones no existe, estas reformas van en contra de derechos adquiridos de los trabajadores y por eso van a abarrotar los juzgados con amparos y planteos de inconstitucionalidad”, adelantó. Y sostuvo que “nadie en su sano juicio dejará pasar el nuevo marco jurídico sabiendo que hay leyes de superior jerarquía que van absolutamente en contra de lo que se plantea”. Lenguaza remarcó también que “el principio de progresividad indica que, en cuestiones de derecho laboral, siempre hay que tender a ampliar derechos, jamás ir para atrás. Si alguna nueva legislación achica el margen de derechos ya obtenidos, es inconstitucional. Este principio consagra que, una vez adquiridos por los trabajadores, los derechos laborales son obligatorios, inderogables e irrenunciables, y todo lo que vaya en contra de estas premisas es nulo”, explicó. Y añadió que “tenemos que tener bien en claro que excluir de la indemnización el aguinaldo, las compensaciones por gastos, las horas extras y cualquier otro ítem que no sea el salario básico, es ilegal. Establecer un sistema de seguro de desempleo con aportes del trabajador y la empresa para que los empleadores no paguen indemnizaciones es ilegal. Obligar al trabajador a aceptar las imposiciones del empleador por encima de lo que establecen las leyes laborales, los convenios colectivos, etc, es ilegal”, sentenció.A su turno, Ernesto Báez, presidente del Colegio de Abogados de Misiones, indicó que “el anteproyecto de reforma laboral “tiene un punto positivo que es el intento de regularizar o registrar todas las relaciones laborales”. No obstante marcó que el contrasentido es quitar derechos que tienen hace más de 30 o 40 años de la legislación argentina, entre ellos la reducción del monto indemnizatorio lo cual calificó como “una barbaridad”. Según los cálculos realizados, en general, un trabajador perdería alrededor del 30% de la indemnización. “Quiere decir que un trabajador con ocho años de antigüedad hoy cobraría un millón de pesos de indemnización, pero aplicando la reforma podría cobrar $300 mil”, apuntó. Otro aspecto que preocupa, señaló Báez, es “la reducción del plazo de prescripción de la acción de juicios laborales que se pretendía a reducir a un año. Para los que viven en Posadas es fácil conseguir un abogado, pero hay trabajadores rurales que pueden pasar varios años hasta darse cuenta de que tienen derechos”, subrayó al respecto.
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