Polémica judicial

Cuando todavía no se hizo operativa la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó, acusada públicamente de ser “políticamente incorrecta” por el gobierno de Mauricio Macri, que no ahorró presiones para conseguir que sea relevada en la conducción de un organismo independiente tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial, el titular del Senado, Federico Pinedo, ya presentó al Congreso un proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal consensuado con el bloque del PJ.  Presentado en simultáneo con el ambicioso paquete de reformas que el Gobierno pretende aprobar “en semanas”, según expresión del Presidente de la Nación, es difícil asegurar que esta iniciativa reciba en el recinto el tratamiento que merece. El nudo del proyecto busca modificar parcialmente la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y la del Ministerio Público de la Defensa, y propone modificaciones a los mecanismos de designación, permanencia en el cargo y remoción de los titulares de ambos organismos. En el proceso de designación se elimina el requisito de una mayoría calificada, que necesita el voto de dos tercios de la Cámara alta del Congreso, y se adopta el criterio de mayoría simple, es decir, “la mitad más uno”, equivalente a 37 votos en el Senado. Se elimina, por otra parte, la estabilidad en el cargo de Procurador General  y se introduce un mandato acotado a cinco años con posibilidad de reelección por dos años más. El rasgo más polémico de la reforma aparece en las condiciones de remoción, que dan al Ejecutivo la posibilidad de echar por decreto al titular de la Procuración mediante una “decisión fundada” del Poder Ejecutivo, atendiendo a las causales de “mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones”. El decreto podrá ser anulado por el Senado, pero “en el plazo máximo de 10 días hábiles”. El tenor de las modificaciones sugiere, en principio, un avance del poder político en detrimento de la condición de “extra poder” -es decir, no dependiente del Poder Ejecutivo ni del Judicial- que le otorgaron al Ministerio Público los convencionales que le dieron rango constitucional.