Se trata de un paquete de ajuste que rescata muchas experiencias del pasado, con el diseño único que manejan los técnicos del FMI para las economías de la región. La difusión de las principales líneas de la reforma impositiva, sin embargo, despertó quejas de funcionarios provinciales. Hicieron punta los cuestionamientos a la aplicación de impuestos a los vinos y cervezas y la desregulación en territorio fueguino, que pondrían en crisis a la vitivinicultura de Mendoza y San Juan, y que haría tala rasa con la electrónica en Tierra del Fuego. Pero lo más significativo es la percepción común de que las medidas impositivas, desconocen la realidad propia de las economías regionales. La vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero, afirmó que el Ministro Dujovne “no entiende nada de economías regionales”. María Emilia Soria, diputada nacional por Río Negro enfatizó que la reforma “desfinancia a las provincias” y sostuvo que el presidente Macri “sin tener en cuenta las características particulares de cada provincia, pretende que todos tomen como ejemplo a su mejor alumna, que es Buenos Aires”. El cuadro que emerge de estas primeras reacciones contiene potencialmente gravísimas consecuencias; sobre todo si se tiene en cuenta que el Gobierno de Cambiemos intentará hacer aprobar en tiempo récord, sin debate, el paquete reformista. Lo hará, según analistas, para usufructuar el clima de confianza post electoral, reeditando una “política de shock” ya conocida.Atento a los dichos de Montero, se puede agregar que lo haría también por un reflejo centralista en la toma de decisiones que no es privativo de estas propuestas. El gobernador Cornejo de Mendoza graficó la miopía que padece el Gobierno central con trazos gruesos, al defender a su provincia: “Hablamos de una economía regional con 900 bodegas y 16 mil productores, no una bebida alcohólica”.
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