Con una causa que desde 2014 sigue en trámite en la Justicia por usurpación, otra contra un jefe policial por no hacer cumplir la orden de prohibición de innovar, además de denuncias civiles contra el intendente local Bruno Beck, contra los intrusos y contra el Gobierno, el colono Julián Pablo Barchuk no pierde las esperanzas de recuperar 23 hectáreas que, según él, fueron usurpadas. La semana pasado volvió a reunirse con funcionarios de la Provincia con respuesta negativa para avanzar en una posible venta a “precio razonable”, dijo el hombre al denunciar que teme una maniobra de expropiación y le terminen pagando menos del 15% del valor real que es lo que él pide.Su “calvario”, varias veces relatado, comenzó después de las lluvias e inundaciones de mayo de 2014 en Andresito, suceso que había dejado a muchas personas desamparadas. Tras ello, tanto el gobierno municipal y como nacional habían pedido ayuda a varios propietarios, sea para que donen tierras o las vendan a bajo precio y de esa manera dar una respuesta habitacional a las personas que habían quedado desamparadas.“Fui el único que movido por la solidaridad negocié siete hectáreas para los inundados. En tres de esas siete hectáreas, el Gobierno construyó 56 viviendas. Pero una madrugada me metieron 500 personas en el terreno y aunque más tarde hubo tratativas para vender esos terrenos al Estado, nunca cumplieron con los pagos pactados”, refirió.De hecho, antes que el propietario efectúe la transacción de la venta, las veinte hectáreas fueron invadidas.Indicó Barchuk: “Como el Gobierno (provincial y municipal) entendían que necesitarían más tierras para albergar a otros afectados por inundaciones, en 2015 me pidieron un presupuesto para que haga una oferta la para la adquisición, primero de 10 hectáreas y luego de 20 hectáreas. Todo fue una maniobra, yo acepté vender por el 15% de su valor real y ni eso me quisieron pagar”. De acuerdo a lo que relató a PRIMERA EDICIÓN el presupuesto que presentó el colono, era por el 15% del valor de la tierra, con el objetivo que se entregue a personas que realmente necesitaban resolver su problemática habitacional, “sin embargo ya no queda ninguno de los afectados de aquel entonces porque todos los que habían conseguido una parcela la vendieron en una suerte de actividad inmobiliaria irregular”, describió. “Ocupación permitida”La ocupación de estas tierras, que están ubicadas detrás del barrio Villa Nueva, lleva casi tres años. Y Barchuk se quejó porque el Juzgado de Instrucción Penal Nº 3 de Puerto Iguazú “no actuó con celeridad”. “Estoy convencido que la entrada de la gente habría sido dirigida por las autoridades municipales y permitida por la pasividad del Gobierno provincial.“No se detuvo la intrusión porque todo ocurrió un mes antes de las elecciones de 2015 y el intendente Beck había prometido solucionar el problema y comprar la tierra para la gente necesitada, que es a la única que no se ayudó porque está ocupada por testaferros de políticos” arremetió Barchuk en un nuevo clamor por “justicia”.
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