El partido Candidatura de Unidad Popular (CUP), socio vital del gobierno catalán en minoría, y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), entidad responsable de la movilización social detrás del proceso de secesión, defienden que es necesario llegar hasta el final asumiendo las consecuencias, incluso económicas, de una Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Esta visión también es compartida por un sector el partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que lidera el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, mientras las juventudes del PDeCAT, el espacio político de Puigdemont, advirtieron que si se produce un ataque a las instituciones catalanes, “cabe hacer efectiva la declaración de independencia”. En este contexto, el presidente catalán mantuvo hoy reuniones en el Palau de la Generalitat -sede del Ejecutivo- con miembros de su gabinete y de la coalición electoral Junts pel Sí y de la CUP, que sostienen su gobierno. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dio plazo hasta el lunes a Puigdemont para que aclare si declaró o no la independencia unilateral, una decisión que llevaría a la aplicación de medidas extraordinarias de intervención en Cataluña, previstas en el artículo 155 de la Constitución española. “Las agencias de calificación han alertado que la inestabilidad puede perjudicar la economía de Cataluña y que, de continuar la salida de empresas, podría terminar provocando una recesión, lo que afectaría al crecimiento del conjunto del PIB" español, dijo hoy la vicepresidenta del Ejecutivo español. “Las autoridades catalanas aún están a tiempo de poner fin a la inestabilidad”, remarcó la “número dos” del Ejecutivo de Rajoy, quien avisó a Puigdemont que se encuentra ante la “oportunidad más importante” de solventar la crisis de Cataluña mediante el diálogo, si acepta “volver a la legalidad” y acude al Congreso a discutir sus planteamientos con los “representantes de la soberanía nacional”.Rajoy cuenta con el apoyo del principal partido opositor, el Partido Socialista (PSOE), y de los liberales de Ciudadanos en su ultimátum a Puigdemont, quien en caso de responder que declaró la independencia de Cataluña, tiene tiempo hasta el jueves para revertir esa decisión. De no ser así, se pondrá en marcha el polémico artículo 155, mediante una serie de medidas que requieren del visto bueno del Senado, que Sáenz de Santamaría no quiso anticipar, pero que podrían derivar en la suspensión del autogobierno y en la convocatoria de elecciones anticipadas. “Si pretenden seguir aplicando las previsiones del artículo 155 de la Constitución española que lo hagan con la república ya proclamada”, dijeron hoy los anticapitalistas de la CUP en una carta que enviaron a Puigdemont. El martes, Puigdemont protagonizó una histórica y confusa comparecencia en el Parlamento regional, en la que dijo tener el mandato del pueblo catalán para declarar la independencia, pero inmediatamente pidió a la mayoría independentista una suspensión de esa proclamación con la intención de abrir una negociación con el Estado español para alcanzar un “solución acordada”. Al término de esa jornada, el bloque secesionista firmó la declaración de independencia, un documento político que no fue registrado y, por lo tanto, no tiene validez jurídica, y en el que no consta ninguna cláusula de suspensión, debido a que esa decisión es netamente política, según explicó la CUP aquel día. La ambigüedad que se desprendió de esta declaración de independencia en “diferido” y la puesta en escena que hicieron los independentistas revelaron las divisiones internas entre los socios independentistas, especialmente por la discrepancias de los anticapitalistas con Puigdemont, cuyo gobierno sostienen los 10 diputados de la CUP. “Consideramos que el pasado 10 de octubre se perdió una oportunidad (…) No entendemos que la repuesta al requerimiento del presidente Rajoy no sea situarnos en los términos del mandato popular que usted asumió el pasado martes: el del respeto del ejercicio de autodeterminación que se expresó en las urnas el pasado 1 de octubre”, subrayó la CUP en su carta, en referencia a la consulta celebrada de forma ilegal, en la que 2,28 millones de personas votaron de forma abrumadora a favor de independizarse de España. “Sólo así lograremos una intervención de actores internacionales que nos reconozcan como sujeto político”, añaden. Los anticapitalistas advirtieron que responder de cualquier otro modo supondría “avalar todas y cada una de sus amenazas, su menosprecio y su represión”, y volver a la legalidad constitucional que, según la CUP, “una mayoría de catalanes decidió romper”.La ANC que inicialmente apoyó la "difícil y responsable" decisión de Puigemont de dejar abierta la puerta al diálogo, también pide ahora avanzar hacia la ruptura. “Ante la negativa de España a cualquier propuesta de diálogo, ya no tiene ningún sentido mantener suspendida la Declaración de independencia. Por eso instamos al Parlamento a levantarla, y el Presidente y el Gobierno a implementar la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República”, dijo anoche la ANC a través de un comunicado. Fuente: Télam
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