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Causa Hotesur: citaron a indagatoria a Cristina Kirchner y a sus hijos

25 agosto, 2017

El juez federal Julián Ercolini citó hoy a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia, a su detenido contador Víctor Manzanares y al también preso Lázaro Báez en la causa que investiga un multimillonario lavado de dinero proveniente de pago de sobornos, a través de falsos alquileres de plazas hoteleras a la familia presidencial.Las declaraciones de un total de 24 acusados comenzarán el 5 de octubre con la apoderada de la firma "Kank y Costilla" del grupo Austral Construcciones, María Alejandra Jaimeson, y terminarán el 20 de diciembre con el escribano de Báez, Ricardo Albornoz, según la resolución del magistrado.Las indagatorias comenzarán antes de las elecciones de octubre próximo pero la ex Presidenta está citada para después: el 9 de noviembre a las 10 en el cuarto piso de los tribunales federales de Retiro.Para el 13 a la misma hora se convocó a Máximo Kirchner y para el 15 del mismo mes a Florencia, los dos hijos de la ex Presidenta y actual candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana.Además se resolvió mantener la inhibición de bienes de los acusados, incluido el que pesa sobre los 4.664.000 dólares hallados en la caja de seguridad del Banco Galicia que tenía Florencia Kirchner, más el millón de dólares de una de sus cuentas bancarias y 53 mil pesos de otra.Para el juez hay "bastantes elementos de convicción como para fundamentar la verosimilitud de la hipótesis criminal bajo estudio, y los consecuentes montos millonarios emergentes de la maniobra".Los acusados "habrían intervenido en las diferentes etapas de las maniobras que fueron diseñadas y pergeñadas, principalmente, por Néstor Carlos Kirchner, Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez para lograr otorgarle apariencia lícita al dinero que había sido irregularmente asignado a empresas de propiedad de este último", concluyó Ercolini, tras analizar el dictamen en el que los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, le habían reclamado las citaciones.De hecho, el detenido Báez fue citado a indagatoria para el 28 de noviembre, su hijo Martín para el 30, su hombre de confianza Osvaldo "Bochi" Sanfelice deberá concurrir al juzgado el 4 de diciembre y el detenido contador de los Kirchner, Manzanares, será trasladado desde prisión el 12 de diciembre.También se citó a la sobrina de la ex presidenta, hija de Alicia Kirchner y presidenta de la sociedad "Hotesur", Romina Mercado, para el 14 de diciembre."Entiendo que existen elementos de convicción suficientes como para avanzar con la sujeción al proceso" y que "se encuentra corroborado el estado de sospecha requerido" para las citaciones a declaración indagatoria, previas a resolverse si se procesa o no a los acusados, según agregó el juez en la resolución.Ercolini recordó que se investiga la "realización de distintos negocios espurios para apropiarse de los fondos públicos".Las maniobras investigadas se vinculan a "las ganancias que se habrían obtenido mediante la asignación irregular de la mayor porción de obra pública vial", delito por el que Ercolini ya procesó a Báez, a la ex presidenta y a otros acusados en la causa por la obra pública en Santa Cruz, actualmente a revisión en la sala I de la Cámara Federal porteña.Los acusados "habrían montado un circuito económico basado en la actividad hotelera que les habría permitido canalizar regularmente los fondos desde las empresas contratistas de la obra pública y sus vinculadas -propiedad de Báez-, a favor de la empresa Valle Mitre SA, cuya función en el esquema de blanqueo diseñado habría consistido en recibir ese dinero y aplicarlo al negocio de la hotelería", se remarcó.De esta manera se logró que "la ganancia ilícita se distancie de su verdadero origen", según agregó el juez en su resolución.Los fondos se giraban a las empresas Valle Mitre SA, gerenciadora de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, propiedad del matrimonio Kirchner por alquileres y contratos de consultoría.Esta sociedad remitía fondos mensualmente a los ex presidentes y a sus hijos luego como "canon locativo" por los hoteles.De acuerdo a la investigación desde 2009 al 2013, las empresas de Báez pagaron más de 27 millones de pesos por alquileres en Alto Calafate.La ex Presidenta y sus hijos ya están procesados como supuestos jefes de una asociación ilícita en la causa "Los Sauces" por el juez federal Claudio Bonadío y en el caso de Cristina también en la investigación que lleva Ercolini por direccionamento ilegal de la obra pública en Santa Cruz a favor del detenido Báez durante el kirchnerismo.Además la ex Presidenta ya fue enviada a juicio oral en la causa por la venta de dólar futuro al final de su gobierno, también investigada por Bonadio.Cristina Kirchner también está siendo investigada en la causa por la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman, por encubrimiento a favor de Irán en la causa AMIA.Fuente: Télam

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Hace siete años entrena musculación, se capacitó como instructor y hoy tiene su propio gimnasio en Posadas, donde busca acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares. “La obesidad es una enfermedad silenciosa, no una cuestión estética”, advirtió. ⚠️🏃‍♂️Tras bajar casi 100 kilos y someterse a una cirugía de manga gástrica, Morel mantiene controlada la hipertensión con alimentación y actividad física. Su mensaje es claro: “Esto no es un deporte, es un estilo de vida”.
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
En 2025 aumentaron las atenciones a pacientes con obra social tras perder coberturas, caída de convenios o costos elevados. El nosocomio posadeño concentra casos complejos regionales, sostiene nacimientos y suma presión por cierres de terapias en clínicas.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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