Daño innecesario

El titular del Ministerio de Salud Pública dejó trascender la preocupación del Gobierno provincial por la decisión de su par nacional de no renovar los convenios entre el Pami y algunos sanatorios locales afectando a miles de jubilados. El pase implica un perjuicio tanto para los afiliados al Pami que de un momento a otro dejan de contar con la atención médica habitual, como para el sistema público, que tendrá que esforzarse en dar una respuesta en el marco de un servicio que -aún sin esta demanda excedente- tiene serias dificultades para responder a los requerimientos de los sectores más vulnerables de la población misionera. Hace unas semanas, el gremio de los estatales misioneros alertó por la falta de personal en prácticamente todas la áreas de Salud Pública, carencia que esta medida llevaría al límite. El ministro Walter Villalba, aclaró que el cambio en el servicio de Pami se debe “a decisiones nacionales que impactan en las provincias y sus recursos propios; pero son ciudadanos misioneros, nosotros no los vamos a abandonar”, prometió, sin explicar de dónde saldrán los recursos extra que se necesitarán con urgencia. La medida pone en riesgo la salud de miles de personas en una edad crítica y con una alta demanda de atención médica y cercena sus derechos más básicos. Las razones financieras que invoca la Nación -como justificativo- no tendrían sentido, de acuerdo al pedido de informes que presentó el diputado Héctor Bárbaro (Pays) a la Legislatura. Según el mismo, no se tomaron en cuenta las acreencias de la Provincia, con lo cual es claro el carácter arbitrario de la decisión nacional. La compensación de deudas entre los diferentes niveles del Estado es un procedimiento probado por la experiencia que bien podría utilizarse en este caso, para evitar el daño innecesario e inmerecido, que se hace a miles de trabajadores misioneros. Se olvida que el estatus de jubilado y el carnet de la obra social correspondiente no son una dádiva, sino el reconocimiento a una vida de sacrificios. Ningún criterio de cuño eficientista, como los que a menudo impone Cambiemos, puede prevalecer sobre la protección y solidaridad social que la Constitución reconoce a los, mal llamados, pasivos.