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Boudou se declaró inocente en el inicio de su primer juicio oral

8 mayo, 2017

El ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou negó haber insertado información falsa en documentación de un vehículo de su propiedad, desligó también del caso a su ex novia Agustina Seguín y derivó la responsabilidad en los gestores del trámite, al declarar en el primer juicio oral en su contra que comenzó en los tribunales federales de Retiro."Ni yo ni Agustina Seguín insertamos o hicimos insertar información falsa en ningún documento", comenzó Boudou pasado el mediodía su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 1 en el juicio donde se lo acusa como partícipe necesario de "falsedad ideológica", por el que podría ser condenado a una pena de seis meses a seis años de prisión.Se trata del primer juicio oral que enfrenta el ex compañero de fórmula de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien está procesado además en la causa por la venta de la ex Ciccone Calcográfica, fue indagado en la causa que investiga irregularidades en un contrato firmado con Formosa para reestructurar deuda pública provincial y es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito junto a otra de sus ex novias, Agustina Kampfer.El exVicepresidente arribó a Comodoro Py 2002 poco después de las 9 de la mañana e ingresó a la sala de audiencias ubicada en el subsuelo de los tribunales junto a sus dos abogados para sentarse en primera fila y de espaldas a otra de las acusadas, su ex pareja Seguín, con quien evitó saludarse.Poco antes habían arribado para acompañarlo desde el área reservada al público el cantante y otros músicos del grupo de rock "La mancha de Rolando", con quienes Boudou cantó en varias ocasiones, el exgobernador bonaerense Gabriel Mariotto, Osvaldo Papaleo y el periodista Martín García.Los acusados escucharon la lectura de la acusación en su contra por parte del fiscal federal Guillermo Marijuán y del juez federal Claudio Bonadío y luego tanto Boudou como su ex novia Seguín, los dos gestores Andrés Soto y Roberto Basiñani y Graciela Taboada de Piñeiro, titular del Registro Automotor 2 de la Ciudad de Buenos Aires, pidieron no concurrir más a las audiencias hasta el final del juicio, algo que fue concedido.Luego llegó el momento de las declaraciones indagatorias y de las negativas por parte de Seguín y los demás acusados, salvo Boudou, quien habló y respondió preguntas de todas las partes, incluso las vinculadas a por qué circuló durante casi una década con una cédula verde a nombre de otra persona en su vehículo convertible rojo "Honda CR del Sol".En reiteradas ocasiones afirmó no recordar hechos, admitió que fue "mucho tiempo" el que tardó en regularizar los papeles del auto, pero deslindó en los gestores todo el tramite realizado al respecto al sostener que él no los conoció en persona y firmó formularios en blanco."No está nuestra letra ni nuestra firma en ninguno de los datos apócrifos, como lo demuestran todas las pericias caligráficas", sostuvo el ex vicepresidente al referir que fue su entonces conviviente, Agustina Seguín, quien contactó a los gestores para realizar los trámites del vehículo, cuando él resolvió trasladarlo desde Mar del Plata hacia la ciudad de Buenos Aires en el 2008.En la acusación del fiscal Marijuán leída en el juicio, se responsabilizó a Boudou de proporcionar una dirección falsa para cambiar la radicación del vehículo, de insertar datos falsos en un formulario 08 y de no registrar el cambio de motor."No se sabe cómo y cuándo llegó este vehículo a poder del imputado", según la acusación.En el dictamen de elevación a juicio leído en el debate, Marijuan sostuvo que Boudou "es la única persona beneficiada por la irregular transferencia, logrando regularizar la situación de un automóvil que por algún motivo no inscribió hasta diez años después de comprado".Según consta en la causa, entre 1993 y 2001 la cédula verde del Honda estuvo a nombre de su anterior propietario, algo que Boudou dijo no haber controlado cuando adquirió el vehículo y argumentó que durante mucho tiempo no lo utilizó.Además detalló que el auto quedó en Mar del Plata, ciudad donde vívía, cuando se mudó a la Ciudad de Buenos Aires y dijo creer recordar que estuvo al cuidado allí de su amigo José María Nuñez Carmona, procesado junto con él en la causa Ciccone."La documentación estaba en la guantera del auto", justificó luego de detallar todo lo ocurrido desde la compra en Mar del Plata un año antes de casarse con su primera esposa, Daniela Andreolo, hasta el traslado del auto a la Ciudad de Buenos Aires ya en pareja con Seguín y la realización del trámite cuestionado.Además refirió que el vehículo tuvo un cambio de motor que tampoco quedó registrado porque se fundió en 1994 y hubo que reemplazarlo, al responder preguntas de la fiscal de juicio Stella Maris Scandura.Los jueces del Tribunal Gabriel Vega, José Michilini y Adrián Grunberg también preguntaron y en particular quisieron saber los motivos por los cuales durante tanto tiempo el ex vicepresidente tuvo un vehículo sin papeles en regla."¿Usted se quedó tranquilo sólo con esta documentación sabiendo que vivimos en Argentina?", preguntó el juez Michilini en referencia a que Boudou no tenía título de propiedad del auto y sólo se manejaba con la cédula verde a nombre del anterior dueño.A la hora de defenderse, el ex vicepresidente argumentó que firmó los formularios en blanco y que entregó toda la documentación a su entonces pareja Seguín, quien tuvo trato con los gestores y fue la encargada de pagarles con dinero que él le dio.El juicio continuará con la etapa de testigos en audiencias que se prevé serán dos veces a la semana, lunes y jueves.Boudou y Seguín son juzgados como supuestos partícipes necesarios de "falsedad ideológica" y como autores se juzga a la titular del Registro Automotor 2 de la ciudad de Buenos Aires, Graciela Taobada de Piñeiro y a los gestores Andres Soto y Roberto Basiñani.Fuente: Télam

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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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