Sin explicación

La escandalosa diferencia que existe entre el pago que recibe el productor por la materia prima y el precio al consumidor por el paquete de yerba mate puesto en góndola, junto a los pagos con cheques diferidos y las facturaciones apócrifas que permiten incumplir los valores de referencia, son algunos de los síntomas característicos de la crisis que periódicamente afecta al sector yerbatero. La abultada diferencia de precios se justifica con menciones de costos, entre los cuales están el transporte, el costo de elaboración y el componente impositivo; aunque por lo común no se dispone de información fehaciente y actualizada de los mismos. La brecha de precios no es privativa, sin embargo, del sector yerbatero sino que aparece en muchas cadenas productivas, siempre en perjuicio del productor primario. El coordinador bonaerense de la Federación Agraria, Jorge Solmi, salió en los últimos días a alertar sobre este perjuicio al productor y pidió que se investiguen los mecanismos de formación de precios de los alimentos. El dirigente subrayó que “la gran diferencia que hay entre lo que recibe el productor y el valor que llega a las góndolas de las principales cadenas se tiene que investigar” y destacó que se debería contar con “una Comisión Nacional de Defensa del Consumidor que funcione”. El mal funcionamiento, cuando no la virtual inexistencia de los organismos de contralor y participación del ciudadano, sea como consumidor o cliente, no es una eventualidad, sino una constante, tanto a nivel nacional tanto como provincial.Aparentemente, la búsqueda de un  mayor equilibrio en la apropiación de los recursos que se generan en la producción alimentaria no prospera por la concentración monopólica en las bocas de distribución y en la propia industria. En el actual contexto de caída del consumo popular, la defensa del consumidor adquiere un carácter prioritario y de urgencia y requiere de un Estado activo que garantice la transparencia del proceso de formación de precios. Lejos de ello, como señaló el dirigente agrario, el Estado suma distorsiones al aplicar  una fuerte carga impositiva a productos alimenticios de consumo masivo e indispensable.