Dolor. Esa palabra que ayer desbordó a los argentinos desde Entre Ríos al confirmarse la muerte de Micaela García, una joven de tan solo 21 años, asesinada por Sebastián Wagner, quien estuvo preso por dos casos de abuso sexual y evadió la condena por un tercero. A Wagner, que confesó el hecho en sede policial y aportó el dato para encontrar el cadáver de Micaela, el Juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, lo había liberado en julio de 2016.Según trascendió, desde que Wagner fue encontrado sospechoso del aberrante crimen, el magistrado no habría tenido en cuenta los informes del Servicio Penitenciario ni de la Fiscalía, previos a la liberación del ahora detenido. No es la primera vez que un juez deja libre a un violador que reincide y suma víctimas a los femicidios en la Argentina. Cabe recordar que Micaela era una activa militante contra la violencia de género y terminó en manos de un femicida. Pero, ¿qué hizo el sector político para destituir a los magistrados cuyas consecuencias terminaron como el caso de la joven García?La presidente del Consejo Nacional de las Mujeres, María Fabiana Túñez, apuntó duramente contra el juez Rossi: “Aquí hay dos responsables, ambos producto de un sistema socio cultural machista y patriarcal. Por un lado, el asesino y por el otro lado el juez Carlos Alfredo Rossi quien decidió hacer oídos sordos ante el informe del Servicio Penitenciario provincial y el dictamen de la Fiscalía que desaconsejaban su liberación”, dijo Túñez a la prensa.El poder Judicial debe convertirse en garantía para la integridad de las personas. Más, cuando estan en sus manos los potenciales femicidas con frondosos antecedentes. Sin embargo, decisiones como las de Rossi no midieron el daño que podía seguir provocando Wagner. ¿Cuántos casos como este tenemos en Misiones?El organismo que debía reunir información sobre violadores nunca fue creado, a casi cuatro años de la sanción de la ley que estableció el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Basta de retórica y exijamos mayor compromiso y responsabilidad en las decisiones judiciales y gubernamentales.
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