Brasil se prepara para un nuevo capítulo de su convulsa vida política, que comenzará este martes, cuando la Justicia electoral empezará a juzgar supuestas irregularidades de la campaña en 2014 de la fórmula Dilma Rousseff-Michel Temer.En manos de los siete miembros del Tribunal Superior Electoral estará la decisión que puede anular la victoria en las urnas de esa fórmula en octubre de 2014, lo que supondría que Brasil volvería a perder a su presidente, ahora Michel Temer, tras la destitución de Rousseff en agosto pasado, por irregularidades fiscales.La corte analizará denuncias referidas a supuestas "donaciones" recibidas para la campaña electoral, que habrían tenido como origen la red de corrupción que operó en Petrobras y concretamente al grupo Odebrecht, implicado en esa trama.Por paradojas de la política y los propios tiempos que corren en el país, la denuncia fue formulada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), cuyo candidato presidencial Aécio Neves perdió las elecciones de 2014 por escasos tres puntos porcentuales.A inicios de 2015, cuando se dirigió al tribunal electoral, el PSDB no imaginaba aún que Rousseff sería destituida poco más de un año después y que Temer lo llevaría al actual Gobierno, en el que hoy es una de las formaciones más influyentes.El expresidente Fernando Henrique Cardoso, reconocido líder del PSDB, no comentó las contradicciones que existen al respecto en su partido, pero sí alertó hoy de que una eventual destitución de Temer sólo traería "más confusión" al país."No sé si es peor la enmienda que el soneto", declaró a la radio CBN el exgobernante, quien advirtió que, si Temer cayera, el mandato que termina el 1 de enero de 2019 sería concluido por un dirigente escogido por el Congreso, en unas elecciones indirectas.Cardoso refrendó palabras de la defensa de Temer, en el sentido de que "Brasil lleva mucho tiempo en crisis, y ahora que empieza a asentarse un poco, un juicio pone en riesgo la situación", lo cual pudiera tener impacto negativo entre los inversores.Los miembros de la fórmula que será juzgada, enemistados desde la destitución de Rousseff, se defienden por separado pero coinciden en negar irregularidades financieras en la campaña y exigen que el juicio sea anulado por supuestas faltas de pruebas.En el caso de Temer, la defensa también demanda, si es que el proceso continúa, que las cuentas de uno y otro sean juzgadas en forma separada, pues sostiene que cada uno se ocupó de su propia recaudación y que en el caso del actual mandatario no hubo fraudes.En los entornos de Temer y Rousseff también se confía en el tiempo y en la tradicional lentitud de la justicia brasileña, que podría prolongar el proceso durante más de un año.En la primera de las cuatro audiencias que se celebrarán esta semana se espera que la corte decida sobre las diversas demandas presentadas por las defensas, para luego escuchar al instructor del caso, Herman Benjamin, quien presentará su análisis sobre el asunto.A partir de ese momento, cada uno de los otros seis magistrados deberá exponer su opinión, aunque en medios jurídicos se prevé que alguno de ellos pedirá suspender el juicio a fin de estudiar mejor las acusaciones, lo cual alargaría los lapsos procesales.Esa práctica es común en la justicia brasileña y se cree que será usada en este caso, sobre todo porque el informe que presentará el instructor tiene poco más de 1.000 páginas y estará acompañado por cerca de 10.000 documentos.Si así fuera, el juicio se suspendería por tiempo indefinido y sólo sería dictada sentencia a su conclusión.Aún así, el tiempo seguiría jugando a favor de Temer, quien podría apelar un posible fallo condenatorio primero ante la propia justicia electoral y luego frente a la Corte Suprema, que también es conocida por su celo burocrático y su lentitud.Mientras las apelaciones estén en curso, Temer seguiría en el poder y a ello ha hecho alusión el propio mandatario, quien ya en diciembre pasado presentó un esbozo de su estrategia de defensa."Si hubiera una sentencia definitiva será acatada", dijo entonces Temer, abogado constitucionalista, pero agregó que todo fallo "puede ser y sería apelado", lo que daría lugar a "recursos y más recursos" de su defensa, que pudieran extender el proceso más allá de enero de 2019.
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