Así lo hizo mediante un requerimiento presentado ante el juez Julián Ercolini, a quien además reclamó que la Procuración General del Tesoro "evalúe iniciar las acciones legales de recuperación" de activos en función de la defraudación al Estado Nacional por la operación.La operación, que tuvo un costo de 100 millones de euros, se produjo entre 2004 y 2009 y en la causa también están involucrados el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi (sucesor de Jaime en la cartera) y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, aunque en sus casos aún no está definida la ratificación de los procesamientos y por ello el fiscal no los incluyó en su requerimiento.Según consta en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) incorporado a la causa, en aquella compra se pagaron sobreprecios de hasta un 171 %, no se controló lo adquirido y buena parte del material no pudo ponerse en funcionamiento por ser inutilizable, por lo cual está arrumbado en depósitos ferroviarios."Hubo coimas. ¿Y cómo lo hicieron? A través de un pacto ilegal, mediante el que decidieron comprar chatarra como si fuera buena y facturar sumas exorbitantes a empresas amigas en conceptos de "asesoramiento técnico" que, en realidad, ocultaban sobornos", dijo Delgado en su requerimiento.En ese sentido, sostuvo que la compra de vagones fue "en pésimas condiciones, inútil para cumplir con los fines del Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril y, en consecuencia, que se había comprometido abusivamente el patrimonio del Estado Nacional".Sobre los contratos firmados por España, el fiscal advirtió que aquellos de diciembre de 2005, de abril de 2006 y de entre 2007/2010 "carecieron de un análisis de razonabilidad de precios en relación a la calidad, de las características del material adquirido y de una estimación de vida útil de aquél luego de reparado, que permitan inferir la conveniencia de la adquisición". "En relación a los contratos suscriptos con Portugal, tampoco se incluyeron en el estudio de los pagos realizados los gastos de fletes y seguros de transporte que incidieron entre un 30 a un 50% en el precio final de los coches adquiridos", agregó."El 44 por ciento del material rodante adquirido se encontraba fuera de servicio, deteriorado, sin que se hubieran realizado las tareas de reparación necesarias para su uso", dijo el fiscal en base al informe de la AGN. Delgado acusó a Jaime por ser coautor de "defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, en concurso ideal con el delito de cohecho" o "coimas"; en tanto que a Vázquez, Ignacio Soba Rojo y Ricardo Domingo Testuri los imputó como partícipes necesarios. Vázquez de la firma Controles y Auditorías Especiales S.A (CAESA), según el expediente, cobró comisiones indebidas por esa operación. El fiscal pidió penas de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos: "Además de la prisión, el funcionario que cometió el hecho delictivo nunca más podrá serlo nuevamente. ¿Por qué? Porque a quien el demos le confió la tutela de las instituciones del Estado, sacó provecho propio – precisamente en razón de su función- y olvidó lo que significaba la función pública", apuntó.Fuente: Agencia de Noticias NA
Discussion about this post