Si bien es cierto que la necesidad de bajar la inflación es un objetivo de primer orden, para allanar el camino a una recuperación de las actividades económicas, a nadie escapa que el caballito de batalla de la lucha contra la inflación le sirve hoy al Gobierno nacional para avanzar en forma autoritaria sobre el sistema de paritarias como institución. En este contexto se entiende el reclamo de los gremios docentes de manifestar, más allá de cómo se defina la discusión salarial actual, contra la disolución unilateral de la paritaria nacional del sector, postura del Gobierno nacional avalada por la mayoría de los distritos provinciales. El reclamo pone el acento en una visión conceptual y de fondo de la problemática docente, que define el modelo de país a que se busca llegar; ya que la paritaria nacional apunta a fijar un salario-testigo para el pago a los maestros en todo el país, y en ese sentido constituye un instrumento unificador, que tiene a elevar y equiparar los ingresos evitando las inequidades amparadas en las asimetrías regionales.La eliminación de esa instancia nacional se concretó de hecho, por presión del Gobierno central en base a criterios exclusivamente coyunturales y apelando a un discurso de circunstancias; pero es clara la intencionalidad subyacente de restar validez, o peso institucional, a las paritarias; señal a su vez de intereses particulares. Las paritarias, cabe recordar, se rigen por una normativa específica que se debe respetar. Su propuesta central reside, precisamente, en institucionalizar la discusión salarial en el sector promoviendo negociaciones libres inscriptas en un marco de diálogo social; dando previsibilidad a la economía y equidad y estabilidad al mercado de trabajo.
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