El Gobierno nacional fue notificado ayer sobre la interposición de un recurso de amparo en la Justicia federal, en contra de las limitaciones impuestas al “beneficio” del ITC diferenciado en naftas y gasoil, medida que rige solo en Posadas desde principios de año y que literalmente está llevando a la quiebra a las estaciones de servicios de localidades cercanas. La copia de la demanda judicial, impulsada por un expendedor de Candelaria y llevada a cabo por el abogado Rodrigo Bacigalupi, ingresó a las dependencias de Balcarce 50 en horas de la mañana. La Nación tendrá cinco días para informar a la Justicia sobre los pormenores de la decisión que no extendió la rebaja a toda la provincia, tal como habían solicitado desde un comienzo el Gobierno misionero y los empresarios de distintos rubros. En la presentación le piden al juez interviniente que, mientras se resuelve la cuestión de fondo, dicte una medida cautelar que ordene al Poder Ejecutivo Nacional “la incorporación de la zona geográfica de Candelaria a la regulación que importa un trato diferencial respecto del Impuesto a la Transferencia de Combustibles, idéntico al dispensado a las estaciones de servicios ubicadas en el municipio de la ciudad de Posadas”; o en su defecto, si el Gobierno central niega la extensión, “disponga la suspensión cautelar de la aplicación del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°1322/2016, denominado ITC diferenciado para la ciudad de Posadas, por generar una situación de desigualdad intolerable”. El letrado explicó en su escrito que “nadie en su sano juicio va a cargar combustible en la estación de servicios de Candelaria, cuando a solo trece kilómetros tiene un expendedor en territorio posadeño y se ahorra un promedio de 100 a 150 pesos por carga de tanque lleno”. “Lo expuesto tiene consecuencias directas en los números de venta de la estación de servicios del señor Amiel. En efecto, las ventas se desplomaron en más del 100% comparando con iguales fechas del año 2016”, señaló. Finalmente puntualizó que “solo en lo que va de los dos primeros días del año 2017, la estación de servicios de Marcelo Salomón Amiel YPF, dejó de vender un total de 12.475 litros por efecto directo del ITC diferenciado concedido a las estaciones de servicios de la ciudad de Posadas”. La afectación que aduce el empresario ya había sido advertida antes de la vigencia de la medida por la Cámara de Estaciones de Servicios y Afines del Nordeste (Cesane) , que anticipó el grave perjuicio para los expendedores no alcanzados. Reclamaron fuertemente que no se generaran asimetrías internas con el ITC, pero no fueron escuchados por las autoridades nacionales. Trece puestos en riesgo “La estación de servicios no puede ni podrá subsistir más de un mes a este ritmo, y los únicos caminos posibles son la respuesta judicial inmediata y rápida o el cierre de la misma, previa acreditación de la situación de crisis y el despido de los trabajadores y en definitiva la clausura de una importante fuente de trabajo para la localidad de Candelaria”, señaló con crudeza el escrito que se tramita en los estrados judiciales federales y que ayer fue notificado al Gobierno nacional. El empresario afectado por el ITC pidió a la Justicia que mida “el fuerte impacto social” que causaría el cierre, “ya que no son muchas las empresas que cuentan con más de diez personas trabajando”. “El cierre de la empresa además de acarrear más pobreza a los trabajadores y al propietario, acarreará indirectamente más pobreza a toda Candelaria que se verá privada de un capital económico mensual que supera los $200.000 por provenir de los ingresos que perciben los trabajadores que luego consumen aquí”, finalizó.
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