Cerca de 30 organizaciones, gremios y dirigentes políticos se manifestaron en contra de la construcción de la represa Baixo do Iguazú y pidieron la suspensión de las obras, en la audiencia pública realizada a principio de diciembre en este municipio brasileño. Cerca de 500 pequeños agricultores integrantes del Movimiento de los Afectados por Represas (MAB), residentes de áreas afectadas por la obra llenaron el salón comunitario de la iglesia São João Batista, ubicada en la comunidad rural Marechal Lott, donde fue realizada la audiencia. Las familias están acampando desde hace dos meses frente la zona de obras para presionar por el avance de las negociaciones. Reclaman el pago justo de indemnizaciones y el reasentamiento colectivo.“La ley es clara, hay que garantir condición igual o mejor de calidad de vida, porque la compañía no logra indemnizar el afecto de la relación con la tierra”, resaltó Padre João, diputado federal de Minas Gerais, que coordina la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Federal.Se trata de la usina que se está construyendo sobre el río Iguazú, entre los municipios de Capanema y Capitão Leônidas Marques, en territorio brasileño, frente al municipio misionero de Comandante Andresito, a sólo a 100 kilómetros de las Cataratas del Iguazú. La obra podría provocar un grave efecto sobre el caudal de las cataratas y por ello despierta preocupación en la comunidad local.“Para hacer una oferta en la licitación la empresa tiene que tener una previsión de costos, por eso la compañía ya sabía que tendría que asumir con el costo de las indemnizaciones”, cuestiona Sidnei Martine, integrante de la coordinación del MAB, del cual parte de las familias afectadas hacen parte.Reunión con el GobiernoLuego de la audiencia hubo una reunión de los campesinos con funcionarios del Gobierno, quienes se comprometieron a convocar a la empresa encargada de la obra y exigirle que cumpla con las condiciones de relocalización en tierras rurales, servicios para llevar una vida digna y otras indemnizaciones.Este encuentro se realizó en el Palacio de Iguazú, en Curitiba (PR). El Gobierno del Estado de Paraná propuso exigir el cumplimiento a Bioenergía, pero también pidió a los campesinos que levanten el campamento situado frente de la construcción de la usina, que está paralizando las obras.También se propuso el inicio del registro físico de propiedades, con asesoría técnica y jurídica a las familias, y que, con al menos 10 familias que opten por la modalidad del reasentamiento rural colectivo, el consorcio quede obligado a resolver inmediatamente ese pedido.Por el momento la obra está tomada y la situación es de mucha tensión. Si la empresa se compromete a relocalizar a los afectados, se podría destrabar y continuar la obra. De lo contrario, los afectados continuarían bloqueando los trabajos. El consorcio Neoenergía, que construye la obra, pidió un plazo para dar respuestas al movimiento de afectados. Las reivindicaciones de los afectados están contenidas en el Plan Básico Ambiental (PBA) y las licencias ambientales y los requisitos para la elaboración periódica de la obra, pero todavía no se cumplieron.
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