Coincidiendo con un proceder que se repite cada año, y tiende a facilitarle las cosas al Grupo Z, a cargo de la concesión del transporte público en el área metropolitana;?la Comuna posadeña convocó el pasado miércoles a una audiencia pública para evaluar el desproporcionado pedido de la prestataria de aumentar el boleto de colectivo a 23 pesos, tarifa sin Sube ni subsidios. Las firmas presionaron públicamente, directamente o a través de paros sorpresivos para imponer la “readecuación tarifaria” en el segundo semestre de 2016; aunque hasta el propio intendente Joaquín Losada vinculó la seguidilla de paros de los choferes en las últimas semanas a la intención de obtener un aumento de la ya costosa tarifa que pagan los usuarios en Posadas, Garupá y Candelaria. Aunque Losada intentó descomprimir la situación al decidir que cualquier incremento que se acuerde a partir de la audiencia pública, comience a regir “recién” en 2017; la presión sobre los usuarios, sin embargo, continúa y dicha audiencia, no vinculante, se hará el 27 de diciembre, a partir de las 8 en el Centro de Convenciones y Eventos, o sea al filo del fin de año. Un lugar elegido donde, paradójicamente, casi no llegan líneas de colectivos. La audiencia está abierta a todos los usuarios, pero podrán hablar sólo quienes logren inscribirse en el Registro Único habilitante, que estará abierto únicamente el martes 20 de 8 a 20 en el Centro Multicultural de la costanera posadeña.Participación condicionadaLa inscripción y el lugar elegido no coinciden con la intención de fomentar la participación ciudadana en el momento de la fijación de un precio que incide, y significativamente, en la economía de los sectores de menores recursos. Y que año a año el Grupo Z intenta acomodar a sus intereses, sin una clara exposición de los costos reales de la prestación del servicio. Se fundamentó la convocatoria a audiencia en “el reiterado pedido de una readecuación tarifaria del boleto por parte de las empresas” y se recordó que las firmas aseguran que “sostienen un déficit en cuanto a sus necesidades presupuestarias, arrojadas de la ecuación polinómica, cálculo que establece el precio para prestar el servicio regido por una normativa de régimen tarifario que promedia los costos y la cantidad de pasajeros transportados”. Poca informaciónConsultado por PRIMERA EDICIÓN, el edil radical Ariel Pianessi, se quejó de que el Concejo Deliberante “tiene muy poca información”. “Hemos realizado decenas de pedidos de informes para conocer la situación real, cuál es el pedido concreto que hacen las empresas, cuáles son las multas aplicadas por los paros que hubieron, cuál es la deuda que se tiene con las empresas, diversas situaciones que llegan a una situación final problemática que estamos viviendo”.Respecto a la tarifa, cuyo costo real nunca se transmite con transparencia a la opinión pública, Pianessi recordó que el Concejo aprobó una ordenanza que establecía un “Comité de costos” integrado por diversas instituciones, como la Universidad y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, para definir el costo real a partir de los aspectos técnicos, pero fue vetada por el Intendente. “Nosotros le presentamos un pedido de informes al Municipio, porque entendemos que si veta una ordenanza que creaba comité de costos es porque tiene costos estudiados. Porque me parece que la premisa es conocer la tarifa técnica del boleto y a partir de ahí trabajar para adelante, estamos esperando la respuesta del Ejecutivo”. Invitación a participarEl secretario de Gobierno de la Municipalidad, Fabián Florentín, destacó que “los que no quieran opinar pueden participar como oyentes. Invitamos a toda la gente que participe y nos dé todas sus apreciaciones, deben ser mayores de 18 años y tener domicilio en la ciudad, anotarse con identificación”, precisó. Como resultado positivo de las audiencias, el funcionario destacó que “se institucionalizó un espacio donde el 20 de cada mes los gerentes de empresa se reúnen con funcionarios a fin de solucionar muchos problemas. Eso ha generado comunicación para solucionar accesibilidad a un barrio, refugio, incumplimiento de alguna frecuencia, alguna línea, algún desvío necesario, cosas que hacen al día a día, para mejorar la calidad de vida de los posadeños”. Garantías y cumplimientosEl secretario de Gobierno Fabián Florentín instó a participar en las audiencias públicas como “un instrumento para el usuario”, pero al mismo tiempo trazó un duro cuadro de la actitud de las empresas: “La cantidad de refugios que prometieron no cumplieron, aducen problemas económicos, que todos tenemos, a veces se vuelve difícil en el tiempo, hay que entender que es un servicio público y masivo y que un día o dos, es un tiempo que los vecinos no tienen acceso a un barrio. Entendemos que es un negocio, es una empresa que quiere ganar dinero, pero también que es un servicio fundamental, masivo y es urgente que se encuentren soluciones para cumplir con las necesidades de la gente. La estación de transferencia -agregó- está casi terminada, pero hay dos problemas, el desvío de los caños maestros de agua que está soportando la súper estructura, y está previsto que se haga junto al Eprac y Samsa que son responsables en la verificación técnica y las empresas que concesionaron la obra. Tienen que garantizar que no haya desmoronamientos y a nadie le pase nada”, aseguró el funcionario municipal. Por otro lado tienen que reglamentar la construcción realizada fuera de las medidas municipales. “Hay una línea de construcción en cada manzana y esa línea fue vulnerada y hay ocupación del espacio público, no cumplen con los planos originales, en ese análisis hemos establecido una clausura preventiva hasta que normalicen la situación”, explicó Florentín.“Esa acta está en el Juzgado de Falta, el proceso fue disparado y tendrán que resolver el incumplimiento de normativa vigente en lo respecta a ocupación de espacio público y presentación de requisitos y planos en plazos y forma determinada”, advirtió el Secretario de Gobierno posadeño.
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