Hoy se cumplen 43 años de la muerte del exgobernador, Juan Manuel Irrazábal y su vice, César Napoleón Ayrault, sus esposas y el piloto, ocurridas por la caída del avión en el que viajaban a Puerto Iguazú, hecho que se sospecha pudo haber sido un atentado y que nunca fue investigado por la Justicia Federal.A raíz de esto, los familiares de las víctimas Maia Ayrault y Pedro Pirovani (hijo del piloto Jorge Pirovani) señalaron a PRIMERA EDICIÓN que presentarán una querella contra el Estado Provincial y el Nacional, los cuales no cumplieron con su obligación de investigar el hecho, sobre todo por el contexto histórico que atravesaba el país.Los familiares -que actúan como querellantes- indicaron que a pesar de los 43 años que transcurrieron desde el hecho, el Estado deberá realizar una profunda investigación y brindar una respuesta porque la causa no puede prescribir. Así lo manifiesta la doctrina Bulacio, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que sostiene que los casos donde hubo participación del Estado o se sospecha de la participación del Estado no pueden prescribir, deben ser investigados y el Estado es responsable.“El caso no puede prescribir, la Corte Interamericana determinó la responsabilidad del Estado ante la falta de investigación del caso”, explicó Pirovani.El abogado Eduardo Paredes, quien se sumó a la representación de los familiares, explicó que “la doctrina de la Corte que Argentina está obligada a cumplir, es que cuando el Estado omitió investigar un hecho donde puede haber intervenido el propio Estado, no prescribe, es imprescriptible”.Al resumir el hecho, Paredes señaló que “en un contexto histórico como se vivía, cae un avión y mueren un gobernador y un vice; se investiga en forma superficial por un juez incompetente quiere decir que no hubo investigación, con la gravedad de que hay elementos que permiten sospechar que se trató de un atentado. Entonces el responsable es el Estado Federal”.Cuando señalan la investigación de un juez incompetente hacen referencia al juez Penal de Eldorado, quien en los años 70’ llevó adelante una breve investigación y cerró el caso con un insólito informe de la Fuerza Aérea donde dijeron que el piloto se “desorientó” y eso había causado el accidente.“El juez que debe llevar adelante la investigación debe ser federal porque el juez provincial no tenía competencia, por lo tanto su investigación es nula, quiere decir que no hay investigación válida del Estado. Por otra parte, el informe de la Fuerza Aérea no tiene ningún elemento técnico científico para comprobar que el piloto se desorientó, todos los testigos que declararon lo contradicen”, señaló Pirovani.Maia Ayrault, hija del ex vicegobernador, sostuvo al respecto que “en la sociedad está instalado que aquello no fue un accidente, la gente no cree en el relato oficial, eso nos da fuerzas para seguir adelante a pesar de los 43 años que pasaron. Pero nos queda claro que hubo mucha gente en el poder que trató de impedir esta investigación”.Además de este posible atentado, los familiares denunciaron otro ya que existen pruebas suficientes para sostener que María Susana Irrazábal (única sobreviviente en el trágico suceso) habría sido asesinada en Buenos Aires para evitar que, con su testimonio, sostenga la hipótesis de la explosión del avión en el que viajaban los mandatarios desde Posadas a Puerto Iguazú el 30 de noviembre de 1973. De ser corroborado, se estaría ante un doble atentado contra las familias de los funcionarios fallecidos apuntando la investigación a la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), liderada por el entonces ministro de Bienestar Social de la Nación José López Rega.Caso BulacioEl caso de Walter Bulacio es un caso de abuso policial que terminó con la muerte de un joven de 17 años, ocurrida en el año 1991, tras ser detenido y golpeado ilegalmente. Luego de transitar más de diez años por la justicia de primera y segunda instancia, en el 2002 la Corte determinó que la causa prescribió, al transcurrir demasiado tiempo. La familia y sus abogados llevaron el caso a la Corte Interamericana y la misma determinó que no hubo investigación del Estado y por lo tanto la causa no podía prescribir porque había organismos del Estado (Policía) como sospechosos del hecho. Se tenía que investigar hasta llegar a una conclusión y brindar una respuesta a los denunciantes.Pruebas para sospecharEn el expediente federal, iniciado en 2007 hay numerosas pruebas que permiten sospechar de un atentado y posterior encubrimiento, como por ejemplo el hecho de que López Rega estaba en Iguazú en el momento del atentado, el hecho de que nunca se peritó el avión siniestrado, el hecho de que nunca se investigó la falsificación de la firma y la declaración de un tío de María Susana Irrazábal (única sobreviviente del vuelo, luego fallecida en extrañas circunstancias); el insólito informe de la Fuerza Aérea; y la falta de investigación de la justicia federal, competente en el hecho.
Discussion about this post