Las comunidades mbya guaraní Aguai Poty e Yryry enfrentan por estos días avasallamiento y vulneración de sus derechos consuetudinarios de propiedad, perpetrados por empresas privadas instaladas en el municipio de Colonia Delicia. Ante este panorama, equipos de trabajo del Gobierno Provincial (Ministerio de Derechos Humanos y de Ecología a través de la Subsecretaría de Tierras) realizaron recorridos por las comunidades mencionadas y se entrevistaron con los caciques y familias damnificadas. Posteriormente se constituyeron reuniones de trabajo con el intendente Ebhert Vera y su gabinete, concejales, los caciques Hipólito Benítez (Aguai Poty), Dalmacio Ramos (Ysyry) e integrantes del Programa Nacional de Relevamiento Territorial. En la oportunidad se informó al intendente sobre todos los aspectos legales que protegen no sólo los derechos de las comunidades mbya, sino los de toda la población y del medio ambiente."El intendente Vera debe intervenir como mediador ante las empresas privadas que ocupan estos terrenos. Es su deber velar por los derechos humanos integrales de su comunidad y no priorizar los derechos de las empresas que lucran en la zona y que además producen un daño irreversible al medio ambiente" instó la Ministra de Derechos Humanos Lilia Marchesini.Asimismo especificó el trabajo que se lleva adelante entre varias áreas gubernamentales, "con la Subsecretaria de Tierras Sonia Melo estamos articulando acciones para detectar e individualizar los propietarios de los lotes. Del mismo modo se elevó pedido al Registro de la Propiedad de Inmueble y a Catastro para obtener mayor información respecto a titularidad de lotes y propietarios y garantizar el bienestar a la comunidad. Por otra parte solicitamos al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas envíe carpeta de informes sobre el relevamiento territorial de ambas comunidades, ya que la provincia no cuenta con esos datos" explicó.Dichos informes contemplan los relevamientos efectuados en 2011 a la comunidad Aguay Poty y en 2012 a Ysyry. En cumplimiento de la ley nacional 26160 (Programa de Relevamiento de Tierras) y respetando los derechos ancestrales de los pueblos originarios sobre la propiedad de la tierra; permiten recabar información socio ambiental de las comunidades, y detectar cuál es el territorio que necesitan según sus usos y costumbres. Situación Aguai PotyEs una comunidad conformada por 22 familias campesinas, además 36 familias mbyas a quienes les corresponden 523 hectáreas, de acuerdo al mencionado Relevamiento y en concepto de lo estipulado en la Ley Nac. 26160. "Las familias de Aguai Poty conviven en forma armónica con la comunidad del municipio y así debería ser" explicó la ministra de Derechos Humanos. Sin embargo no pasa lo mismo con la empresa Arandú, que se dedica a producir carbón, y pese a las intervenciones del Ministerio de Ecología, siguió con su avasallamiento generando destrucción del medio ambiente, no sólo con la tala de árboles, sino con fumigaciones, abuso de agrotóxicos que producen erosión de la tierra, el agua y serios problemas de salud. El cacique Hipólito Benítez dio cuenta de ello, además de los testimonios de las familias y observación in situ de la situación por parte de los equipos del Ejecutivo Provincial. A partir de esta situación la Ministra Marchesini solicitó al Ministerio de Salud Pública incremente la frecuencia de visitas médicas a la comunidad. Situación YsyryUbicada también en Colonia Delicia, es una comunidad integrada por 48 familias, y de acuerdo al Relevamiento efectuado en 2012, contemplado por Ley Nacional 26.160 necesitan de 556 hectáreas para el desarrollo de sus usos y costumbres socioculturales.El municipio efectuó un acuerdo de compra a un privado, y tiene por objeto destinar estas tierras como balneario y construcción de un parque industrial.El cacique Dalmacio Ramos realizó denuncia por avasallamiento tanto a la Subsecretaría de Tierras como al Ministerio de Derechos Humanos, por lo que inmediatamente se intervino e instó al intendente Ebhert Vera que tome cartas en el asunto, elevando además una carpeta con actuaciones judiciales y poniendo en conocimiento tanto de leyes nacionales como acuerdos internacionales que amparan a los pueblos originarios ante estas situaciones.Actualmente, tuvo que intervenir además la Policía Provincial y Gendarmería Nacional para frenar la acción de máquinas que han ingresado a estos terrenos a fin de comenzar con las obras.
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