El proyecto propone modificar el Código Civil y Comercial para mejorar las condiciones de los contratos de alquiler y entre las principales propuestas figuran ampliar de dos a tres años el plazo mínimo de locación.Entre otras cuestiones establece que el régimen de actualización de precios se adecúe a un promedio entre el índice de precios y el de salarios; que los inquilinos no paguen las expensas extraordinarias y que la devolución del depósito, con un monto actualizado al finalizar el contrato (que tiene como límite hasta un mes del valor del alquiler), sea proporcional a lo estipulado. Silvina García Larraburu (FPV), autora de la iniciativa, destacó que la reforma del Código, trabajada en esta Ley de Alquileres, “nos involucra a todos de manera trasversal”.“La mayoría de la población pasa por la necesidad de tener que alquilar su vivienda, por eso ya sabemos a qué nos sometemos cuando nos embarcamos en la aceptación de un contrato de alquiler. Siempre los inquilinos están en desventaja y no tienen un real poder de decisión”, aseguró la legisladora.La iniciativa fue trabajada con la organización Inquilinos Agrupados y cuenta con el apoyo de senadores, legisladores y concejales de todo el país, integrantes de pymes, cooperativas y varias ONG.“Enfrentamos una situación muy delicada, los aumentos desmedidos en el precio de los alquileres superan cualquier índice de inflación; contratos por sólo dos años que nos obligan a estar en permanente mudanza, y dejando nuestros ahorros en cada firma de un nuevo contrato, son solo algunos de los obstáculos que nos imponen para acceder a una vivienda”, expresaron inquilinos de diversas provincias.García Larraburu destacó que “más de 6,6 millones de personas se enfrentan a graves ajustes locativos o imposibilidad en el acceso al alquiler; los aumentos, las expensas, el mes de depósito, la comisión inmobiliaria, los gastos de certificación y garantía, hacen casi imposible el acceso a la vivienda”.La agrupación Inquilinos Agrupados celebró la decisión de la Comisión “porque sirve como un piso de discusión para seguir proponiendo políticas públicas que apunten a generar condiciones más justas para alquilar una vivienda digna para vivir”.Fuente: iProfesional
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