El gremio de los trabajadores del tabaco señaló que este año trajo una crisis de gran impacto en su sector, que se inició en el primer semestre y continuó en el segundo. El dato “apremiante” es la suba de impuestos que definió el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, hace algunos meses. A partir del 1 de mayo, los impuestos que pesan sobre la venta de cigarrillos alcanzan el 80% del precio que paga el consumidor, cuando antes ese total era de casi el 70% del valor de venta del producto.Los referentes del sindicato avizoran “una secuencia de deterioro sin solución de continuidad” en el caso de no mediar decisiones del Gobierno. “Hay puestos de trabajo en extremo riesgo”, subrayan. Y explican que toda la actividad vinculada al tabaco da sustento a un millón de personas, comenzando por los colonos que siembran las plantas hasta los kioscos. Se trata de un mercado con intenso flujo de capital, además de que representa una altísima recaudación vía Afip. Todo un fenómeno paralelo a la saludable tendencia mundial que propone alejarse del hábito de fumar y acercarse a la salud, criterio compartido por el gremio.A la vista de las empresas y del Sindicato Único de Trabajadores del Tabaco (Suetra), el 30% en la merma de producción y la baja del 20% en ventas no se debió a un menor consumo. “Todo lo contrario sucede con el incremento del impuesto de este año”, ya había denunciado en mayo Raúl Quiñones, titular del Suetra, cuando entró en vigencia la medida. El gremio denuncia que la demanda de los fumadores fue canalizada hacia la compra de cigarrillos truchos y los contrabandeados. Para perjuicio de las provincias tabacaleras del país, hay un bombardeo cotidiano desde la triple frontera, con Paraguay como motor de la venta ilegal. “Hoy el 20% de la caída en las ventas se desvió a la compra de cigarrillos de contrabando”, remarcó Antonio Makarchuk, secretario general del gremio en Misiones. Hace unos meses, la principal tabacalera del país Massalin Particulares comunicó que debido a la suba de impuestos decidió cerrar su planta de compra y acopio ubicada en la localidad tucumana de La Cocha, así como efectuar reducciones de personal en las plantas de producción de Goya (Corrientes) y Merlo (Buenos Aires).Tanto Quiñones como Makarchuk indicaron que lograron “sentarse, y no mucho más”, con las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación, que encabeza Jorge Triaca. Makarchuk resaltó también que, “aún no siendo un producto alimenticio o medicinal, tanto en la etapa del procesamiento de la materia prima como en la elaboración final de los cigarrillos hay estrictos controles de calidad, algo que no respeta ni el contrabando y mucho menos las fábricas ilegales”.“Como organización sindical estamos atentos a los números, la realidad y el futuro de las empresas. Lo hacemos porque estamos en la defensa de cada puesto de trabajo. Sería de necios no hacerlo. Si queremos el bienestar de los trabajadores no se puede obviar cuando a las empresas no les va bien”, justificó el secretario general. Problema federalLa presión tributaria al tabaco amenaza el empleo y fomentó el contrabando de cigarrillos. Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco son las provincias donde el mercado negro de los cigarrillos se expandió. Para el caso de los cigarrillos truchos, cuyo valor por atado oscila en el 50% respecto de las marcas registradas, la organización gremial también remarcó una circunstancia gravísima, y relató que “puede verse cómo ofrecen paquetes de cigarrillos truchos en las estaciones de tren de Capital y el Gran Buenos Aires; se venden incluso a los menores, cuestión que no sucede en ningún kiosco habilitado”.
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