La historia tomó estado público por las reiteradas denuncias -tanto públicas como en el Juzgado de Instrucción Uno de la IV Circunscripción Judicial de Puerto Rico-; pero como la última no prosperó, en los últimos días se radicó una similar en el Juzgado Federal de Eldorado. Fue realizada por Andrea Luciana Santilli Armijo contra el actual intendente de El Alcázar, José Ferreira, por presunta “malversación de caudales públicos y peculado; abuso de autoridad e incumplimiento en los deberes de funcionario público”. También por presuntas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas”.Las supuestas irregularidades se habrían dado en el marco del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales impulsado por la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. Un convenio que fue firmado con el Instituto Provincial de Desarrollo Habitaciones (Iprodha) y la Municipalidad de El Alcázar. Según consta en la denuncia, el convenio Nº 1778/12, estipulaba la construcción de 135 viviendas en seis meses con un desembolso del organismo nacional de 26 millones de pesos.Sin embargo, a pesar que el desembolso de la millonaria suma se concretó, la obra nunca se concluyó y sospechan de un presunto desvío de fondos en la gestión de Ferreira; además de los probables sobreprecios en la compra de materiales y de numerosas facturas de las que se estudia su origen de venta de elementos que debían ser para las viviendas pero que habrían sido utilizados como premios de campaña y nunca llegaron a su destino. Las maniobras habrían generado el repudio por parte de la comunidad por ver frustrado su sueño de la casa propia y de una mejor calidad de vida por sospechas de actos de corrupción. Según lo proyectado, se debían construir dos tipos de viviendas: unas de dos habitaciones y otras de tres. Todas de material, con chapa de zinc, baño instalado, cielorraso de machimbre y las aberturas metálicas. Debieron realizarse por medio de tres cooperativas: “Paranaí Limitada”; “Perutí Limitada” y “Los Lapachos Limitada”. Todas integradas por representantes de la comunidad guaraní, quienes habrían percibido en concepto de remuneración, mucho menos de lo estipulado en el convenio.Además, se estima que mucha madera comprada para las casas no habría sido entregada. En tanto la madera usada aún se adeudaría, según refiere la denuncia. Para justificar el supuesto desvío de fondos, el intendente habría contado con la colaboración de algunos madereros y ferreterías de la zona, que habrían emitido facturas por prestaciones o servicios de dudosa existencia o con presuntos precios mayores en materiales de construcción a cambio de jugosas comisiones. Finalmente, Santilli Armijo consideró que resulta imposible pensar que toda esta maniobra se realice sin el conocimiento de funcionarios que debieron auditar y controlar cada gasto del programa.
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