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“Ya nos faltaron bastante el respeto, ahora sólo esperamos que llegue el juicio oral”

6 octubre, 2016

Aurora Lucena y Arseli Gauto ratifican con acciones y voces que en quince años se puede golpear y cincelar una relación de amistad que trasciende la figura del resiliente y que se manifiesta como un proceso de tranco seguro, que sólo apunta a buscar, a perseguir justicia. Ambas son la viuda y madre de los oficiales de Gendarmería, Carlos Fabián Antúnez y Diego Javier Aranda, hallados muertos durante la madrugada del 19 de septiembre de 2001 en el río Paraná, debajo de la cabecera argentina del puente San Roque González de Santa Cruz.En julio pasado la Cámara Federal de Apelaciones les dio la razón a su planteo de revisión de los sobreseimientos dictados por la Justicia Federal de Posadas.Ordenó que el expediente vuelva a la etapa de instrucción y el caso pueda ser debatido en juicio oral y público con todos sus acusados.Recibieron en exclusiva a PRIMERA EDICIÓN en uno de los lugares donde aseguran sienten mayor confianza, en el estudio de la abogada querellante que las patrocina, Mirta Quiroz.Los efectivos de Gendarmería involucrados en el caso son Juan Daniel Morel, Ernesto Andrés Pérez, Eduardo Mariano Sánchez y Juan José Alvez por el delito de doble “homicidio agravado” (artículo 80 del Código Penal), más Juan Bernabé Sánchez por violación de deberes de funcionario público, y a una médica de la Policía provincial, Mirian Lojewski respecto del delito de “falso testimonio y violación de deberes de funcionario”. Para Arseli Gauto el tiempo transcurrido no la aturde: “El día a día es bravo, pero a cada paso siempre surge algo para seguir la lucha. Me sacaron un hijo, y eso no se recupera. A mi amiga le sacaron al padre de sus dos hijos, el sostén fundamental, nadie se puede imaginar de qué forma se destruyeron las dos familias”. También aseguró que utilizó el tiempo para saber de trámites judiciales: “En investigación aprendí mucho, ya creo que soy una investigadora”. Tanto Arseli como Aurora Lucena apuntaron su falta de confianza al fiscal federal posadeño Jorge Horacio Campitelli. Según Lucena: “Sentimos abandono frente a Campitelli, una sola vez nos recibió y con el termo del mate debajo del brazo nos miraba como sorprendido como si no fuera importante lo que necesitábamos que nos respondiera. Voy a estar tranquila cuando los acusados estén donde deben estar, pero primero que pasen por un juicio”.En cuanto al nuevo juez de la causa, Miguel Ángel Guerrero a cargo del Juzgado Federal de Eldorado, manifestó Arseli Gauto: “Yo no pierdo esperanzas, confiamos en que Guerrero investigue hacia una instancia final. Fortaleza me sobra”. Lucena al respecto remarcó: “Esperamos llegar a debate oral, que el juez haga  lo que debe hacer porque todo está en el expediente, el punto final es el juicio. Ya nos manosearon bastante, a nosotras y a nuestras familias, nos faltaron el respeto y nunca demostraron el interés por hacer justicia, desde el primer juez (Ramón Claudio Chávez) que intervino en la causa”.Para la viuda de Carlos Antúnez con el paso del tiempo las sospechas se vuelven afirmaciones: “Si los culpables hubieran sido civiles, esto ya se habría resuelto. Por eso intentaron responsabilizar a los supuestos paseros paraguayos. Pero se encontraron que empezamos a pedir careos, pruebas y testimoniales que decían lo contrario, que marcaban diferencias y que no se acercaba a lo que intentaban hacernos creer”. “Todo lo que está en el expediente es por las peticiones de parte, porque ni siquiera la autopsia se habría producido sin nuestra insistencia”.Lucena resaltó “que el apoyo de la Cámara de Casación nos fortaleció nuevamente. Antes de estos fallos sólo había parcialidad y negación de justicia. Lo sufrimos con la Justicia Federal de Posadas”.  Adelantó también que analizan “varias denuncias penales para cada uno de los que debió hacer su trabajo y no lo cumplió. Desde un principio quedó claro que no había interés en esclarecer esto. Nosotras no queremos nada que esté  fuera del expediente, todo está claro ahí y no dejaremos de pelear por ello”.La abogada Mirta Quiroz también volcó su opinión: “Después de quince años transcurridos recuperar la confianza en los que deben tomar decisiones es muy complicado. El juez (Miguel Ángel) Guerrero tiene que hacer ahora lo que indica el Código de Procedimiento (…) Su función es investigar, lo mismo le cabe al Fiscal. Nosotras asumimos en 2001 el trabajo de fiscales y jueces. Nosotras investigamos, hicimos lo que no nos correspondía pero lo seguiremos haciendo (…) En esta nueva etapa de instrucción, no interesa la certeza sino la probabilidad, y en base a esto el juez debe procesarlos a todos y elevar la causa a debate oral, donde todas las partes vamos a poder hacer valer las garantías constitucionales y derechos. ¿Por qué no quieren llegar a juicio, por qué no quieren llegar al Tribunal Oral? Allí podrán aportar sus pruebas si son inocentes”.Quiroz resaltó sin embargo la actuación del fiscal (ad hoc) Pablo Di Loretto: “Él pidió los procesamientos de los involucrados y de repente de la causa lo apartaron a él. Ahí apareció Campitelli y todo se paralizó. Dejó que agonizara el expediente apoyando que el conjuez designado (José Roberto) Briñóccoli sobreseyera a los acusados. Ahora debe apartarse, no quiere atender a las querellantes y debería actuar a la par con nosotras”.Un solo objetivoPara Aurora Lucena es momento de mantener la templanza y estar entera para que el caso sea juzgado: “No hablamos de la tristeza de una madre o la angustia de una viuda, hablamos de que todo está plasmado en el expediente, hasta los intentos por archivar la causa. En Buenos Aires (Cámara de Casación) dijeron ‘acá en el expediente están las pruebas, hay responsables, investiguen bien’. Esta es nuestra meta, que haya juicio”.Dos versionesAranda y Antúnez fallecieron en dudosas circunstancias bajo el puente internacional. Según la primera versión, murieron ahogados en la persecución a un contrabandista porque se arrojaron al agua para retirar cajas de mercadería. La esposa de Antúnez y la madre de Aranda, sin embargo, sostienen lo contrario. Entre varios puntos, la ausencia de una autopsia inmediata y los testimonios contradictorios abonan su teoría.

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Padres de alumnos egresados de la EPET N.º 1 de Posadas denunciaron graves incumplimientos por parte de una empresa contratada para la recepción de fin de curso. La situación generó malestar, angustia y pérdidas económicas, pese al esfuerzo realizado durante meses por las familias y los estudiantes.Pablo Cabral, padre de una alumna, relató que el servicio fue contratado en febrero con la expectativa de brindar a los egresados una celebración acorde al cierre de una etapa clave. “Nada de lo contratado, o muy poco de lo contratado, sucedió”, aseguró, y remarcó que se trataba de un festejo especial “por todo el esfuerzo que significa terminar una escuela técnica y celebrarlo como se merece”
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