El exhombre fuerte del dirigente clossista Horacio Blodek en el municipio de General Urquiza fue destituido el martes del cargo por una abrumadora unanimidad de cinco votos contra cero en el Concejo Deliberante. Casualidad o no, Fátima Cabrera, quien ocupaba la presidencia del deliberativo y había acompañado al ahora exalcalde en el sublema “Por mi pueblo”, asumió como intendenta interina hasta que se convoque a nuevos comicios. El renovador Ricardo Enríquez fue apartado del sillón tras el trabajo de la Comisión Investigadora que lo acusó de seis graves cargos que justificaron su remoción, incluidos los supuestos delitos de malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Enríquez había asumido al frente del Ejecutivo municipal en diciembre de 2011 y fue reelecto a fines del año pasado para cumplir su mandato hasta 2019, pero la investigación y el voto en su contra de sus exaliados frustraron sus aspiraciones. Le endilgan la desaparición de unos 40 millones de pesos que tendrían que haber sido invertidos en la gestión municipal; la emisión de cheques sin fondos contra los bancos Nación y Macro; la falta de rendiciones en el Tribunal de Cuentas y hasta obras programadas y presupuestadas pero que no se llevaron a cabo. Lo notable es que antes de esta arremetida, el oficialismo de la localidad, y en especial los dirigentes de segunda línea que se decían sus “padrinos”, no habían notado faltas en la gestión que ameritaran siquiera llamados de atención. De hecho, en diciembre del año pasado, desde sublemas opositores denunciaron que Enríquez llegó a la reelección recurriendo a un supuesto “fraude” por la utilización de un padrón “inflado” con vecinos de localidades cercanas, como Jardín América; sin embargo, las denuncias no pasaron de lo mediático y no hubo investigación formal de lo supuestamente sucedido. Fuera de juegoLa sesión especial se llevó a cabo en horas de la mañana y hubo una fuerte convocatoria de vecinos en la plaza de la pequeña localidad de 1.200 habitantes. Los ediles decidieron destituir a Enríquez tras analizar el dictamen de la Comisión Investigadora que acusó al alcalde de adeudar rendiciones ante el Tribunal de Cuentas; de “manifiesta y reiterada inconducta” en el ejercicio de sus funciones y “negativa a suministrar información requerida por el Concejo Deliberante”. También lo acusaron del presunto desvío de “fondos de la soja” recibidos desde el gobierno nacional. Paralelamente y durante la investigación habría ocultado información a la comisión investigadora.Tras la sesión, un grupo de manifestantes intentó impedir que los concejales entraran al edificio municipal para hacerse cargo de la gestión. Tras el forcejeo y la actuación policial consecuente resultaron detenidos “por resistencia a la autoridad, atentado y lesiones” el hijo del jefe comunal, de 21 años, y cuatro cuñados de Enríquez. Al final del día sólo uno de ellos, menor de edad, recuperó la libertad. Según el parte policial, cuatro integrantes de la fuerza terminaron con lesiones leves. Ahora, al STJLa Ley XV Nº 5 (antes Ley 257) es la norma que se aplica en los municipios que no tienen carta orgánica para el proceso de remoción. En su artículo 144 establece que declarada la destitución al Intendente, la misma “solo se hará efectiva una vez que fuera confirmada por el Superior Tribunal de Justicia o vencido el plazo para plantear el conflicto de poderes o apelación pertinente”. Si el removido alcalde recurre a la apelación habrá que esperar el tiempo que se tome el máximo tribunal para resolver. El caso inmediato anterior es el del exalcalde de El Soberbio, Juan Carlos "Jair" Pereira, destituido por el Concejo en octubre de 2015. Tras apelar la decisión, Pereira se mantuvo a la fuerza en el cargo y hasta pudo ser candidato en las últimas elecciones. Recién este año, diez meses después, se expidió el STJ.
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