Mala suerte tienen los iguazuenses con los candidatos propuestos para ocupar el cargo de juez de primera instancia con competencia en Familia y Violencia Familiar de la localidad, una dependencia largamente esperada por la comunidad para atender estas sensibles problemáticas; en las próximas horas el Poder Ejecutivo provincial retirará de la Legislatura los pliegos del funcionario electo para reemplazar en el cargo de magistrado a la abogada inicialmente seleccionada, María José Ramírez, quien quedó fuera de carrera tras ser imputada en una causa por supuesto “tráfico de bebés”. Ahora su sucesor, Ramón Alejandro Nazareth Casco, fue suspendido por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en su actual rol de Defensor de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia Nº 2 de Posadas, también en el marco de una investigación interna por una actuación no permitida en un trámite de adopción de una criatura. La sanción impuesta por el máximo tribunal disparó la alarma en el Gobierno, que había elevado sus pliegos apenas dos semanas antes de conocido el resultado de la investigación interna del Poder Judicial. De hecho, la propuesta tomó estado parlamentario el 8 de septiembre y estaba lista para su tratamiento en los próximos días, aunque ahora todo volverá hacia atrás. Una vez que se retiren los pliegos de la Comisión de Poderes, Peticiones, Reglamento, Acuerdos y Biblioteca, el Consejo de la Magistratura llamará a un nuevo concurso para el cargo; es que barajar y dar de nuevo parece ser la salida más decorosa para un ciclo escandaloso en torno la selección y el nombramiento de un juez. Paralelamente, una vez que conozcan los detalles de la investigación que pesa sobre Casco, el Colegio de Abogados de Misiones evaluará pedir su destitución del cargo de Defensor Oficial, ya que en el ejercicio de este rol es donde habría cometido la irregularidad que derivó en su apartamiento preventivo.Por supuesta incompatibilidad Casco, junto con Ramírez, habían sido integrantes de la terna con mejor puntaje en el concurso 106/14 convocado por el Consejo de la Magistratura para cubrir el cargo de juez en la ciudad de las Cataratas. El exgobernador Maurice Closs prefirió a la joven abogada iguazuense para elevar sus pliegos a la Legislatura el 9 de diciembre pasado, un día antes de dejar el poder. En la localidad donde tantos intereses acumula el exmandatario aseguran que Ramírez mantenía fluidos vínculos políticos con la familia Closs, de allí que no haya resultado particularmente extraña la preferencia para el puesto por sobre los demás candidatos.Apenas dos meses después saltó el escándalo. En febrero de este año, la letrada (actualmente secretaria en otro juzgado de la localidad) quedó fuertemente involucrada en el expediente penal 890/15 “A. P. V. s/ Denuncia Supresión y Suposición Estado Civil e Identidad”, tal el nombre legal del delito comúnmente denominado “tráfico de bebés”.La noticia se hizo pública a través de PRIMERA EDICIÓN y tanto el Colegio de Abogados como el diputado Gustavo González (UCR) impugnaron formalmente sus pliegos. Ante el final cantado, Ramírez decidió retirar ella misma su postulación, pero la Legislatura decidió reunirse y rechazarle el nombramiento con el voto del pleno, como para que no quedaran dudas. La causa contra la abogada -que estuvo a un paso de llevar el título de jueza de familia de por vida-, está radicada en el Juzgado de Instrucción 2 de Posadas, a cargo de César Yaya. Ramírez está imputada junto a su marido Jonathan Calvo por la presunta apropiación ilegal de una bebé a la que anotaron como hija biológica del esposo con la presunta intención de avanzar en una fraudulenta maniobra de adopción por integración. La criatura es hija de una jovencita de 16 años de nacionalidad paraguaya, que denunció haber sido despojada de su niña recién nacida en la puerta de la Maternidad de Posadas, con la supuesta connivencia de una “intermediaria” que a cambio habría cobrado una suma de dinero. Tras quedar definitivamente fuera de carrera, el actual gobernador Hugo Passalacqua decidió enviar los pliegos del segundo de la terna, pero a raíz del segundo capítulo del escándalo, la semana entrante solicitará al cuerpo que deje sin efecto el estudio de sus antecedentes. También graveEl actual defensor oficial del Juzgado de Familia 2 de Posadas, Ramón Alejandro Nazareth Casco, fue suspendido del cargo por quince días sin goce de haberes por un caso de incompatibilidad que habría sido detectado por el Superior Tribunal de Justicia en su tarea de superintendencia, que es la facultad que tiene el máximo tribunal de controlar a magistrados y funcionarios en el correcto ejercicio de sus funciones. Según trascendió, Casco se habría desempeñado como abogado de una pareja que adoptó un bebé, y en su rol de defensor oficial les otorgó un permiso judicial a sus clientes para sacar al menor del país. Según las primeras conclusiones de los investigadores que tienen a cargo determinar si la conducta fue irregular, habría, en principio, un aprovechamiento de su cargo como funcionario judicial para favorecer a sus clientes en el ámbito privado, a la vez de una aparente incompatibilidad porque los magistrados y funcionarios no pueden desempeñarse al mismo tiempo en estos roles, “excepto la docencia y la defensa de las causas propias y familiares”. El proceso administrativo que involucra a Casco le da posibilidades de defensa, por lo que todavía tiene tiempo de probar que no incurrió en las faltas que le endilgan. De todos modos, “la regla de la incompatibilidad es estricta, ya que protege la imparcialidad que debe regir la conducta de un funcionario judicial y es pilar de la independencia del Poder Judicial” sostienen fuentes de la Justicia. Justamente, por incompatibilidad y tras comprobarse que además del sueldo de magistrado cobraba honorarios en la EBY, en febrero de este año tuvo que renunciar a su cargo de ministro del STJ el abogado Sergio César Santiago. Los deberes de los jueces Además de las obligaciones que establecen las leyes, el Reglamento del Poder Judicial de Misiones detalla los deberes que deben observar los magistrados y funcionarios provinciales y cuyo incumplimiento puede ser sancionado.Entre otras, la norma indica que deben “observar una conducta irreprochable, tanto en el desempeño de sus tareas como fuera de ellas, no intervenir en asuntos de terceros; no realizar actos de proselitismo político en los lugares de trabajo o con motivo u ocasión del desempeño de sus funciones; no prestar servicios por ningún título en estudios de abogados, escribanos procuradores u otros profesionales que actúen en el foro de la Provincia ni o ejercer profesiones liberales ni aún con motivos de nombramientos de oficio o a propuesta de partes. Tampoco pueden “gestionar asuntos de terceros ni interesarse por ellos”, salvo los supuestos de representación necesaria; d
eben rehusar dádivas o beneficios y no pueden ejercer el comercio ni actividad lucrativa alguna sin autorización de la autoridad de Superintendencia. Estos últimos incumplimientos son considerados “faltas graves” y pueden acarrear desde sanciones hasta el alejamiento del cargo mediante un proceso de destitución.
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