Guardaparques de cuatro parques provinciales decidieron dejar de patrullar la selva y muchos más podrían sumárseles en las próximas horas. Amenazados de muerte, hartos de esperar resguardo, protección y elementos de trabajo, ayer convinieron que no están dadas las condiciones de seguridad para que sigan prestando servicios en las reservas Foerster, Esmeralda Caá Yarí y parte de Yabotí. El atentado sufrido en el puesto de control del Parque Foerster el pasado sábado, cuando las llamas consumieron las instalaciones en un incendio intencional, marcó un límite en el reclamo que ya lleva meses sin respuestas por parte del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables. El martes, por cuarta vez consecutiva, llegaron hasta Posadas para pedir una audiencia con la ministra del área, Verónica Derna, y por cuarta vez la funcionaria no los recibió. Tras la negativa se reunieron en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y comunicaron lo decidido en una asamblea que realizaron por la mañana en el Parque Provincial Araucaria: limitar la tarea y preservar la integridad de cada trabajador hasta tanto les garanticen seguridad. Mientras esto no ocurra, los guardaparques se presentarán al servicio en el propio Araucaria, ubicado en el área urbana de San Pedro. Un ataque anunciadoEl sábado pasado, Evaristo Sosa estaba con miedo. En San Pedro, donde vive, los vecinos le avisaron que presuntos cazadores furtivos de nacionalidad brasileña habían preguntado por él, por su casa, por su familia. Como le tocaba la guardia en el puesto del Parque Provincial Foerster, decidió llevarse con él a su mujer y a sus dos hijos. Prefirió tenerlos cerca en vez de pasar días aislado, sin señal de celular ni suficiente combustible, y sin saber si los suyos estaban bien en el pueblo, a 200 kilómetros de su puesto de trabajo. Cuando llegaron al puesto en el corazón del Parque, la visión fue dantesca. La casa donde se suponía iba a vivir durante dos semanas para patrullar el área fue destruida el fuego pocas horas antes. Evaristo no tuvo más reacción que tomar un par de fotos, subir a su familia al auto y sacarlos de la selva a toda velocidad. Una sola idea lo aterraba: la presencia de sus hijos de ocho y diez años en el lugar, y la posibilidad de que los autores estuvieran asechando. Por lo que cuenta, la reacción no fue exagerada: en el mismo puesto todavía quedaban los registros de los agujeros de las balas del último ataque, agujeros que nunca taparon para recordar que con los furtivos, jamás deben bajar la guardia. “Que nos escuchen”La escena parece de película pero no es novedad en los parques. Según relataron Javier Báez, Claudio Cardozo y el propio Evaristo, el del sábado fue el tercer atentado en el que un puesto resultó totalmente destruido. Antes les tocó al de las 2000 hectáreas, al del propio Parque Esmeralda (ambos consumidos por el fuego) y el puesto sobre la Ruta 18 que sufrió vandalismo. “Hace dos semanas, un colega de Esmeralda fue amenazado por un brasileño en pleno centro de San Pedro cuando estaba con su hijita”, recordó Javier. En las últimas dos semanas ya interpusieron tres denuncias penales y temen que alguno de ellos termine herido o peor. Con este escenario, el reclamo es uno solo: “No se puede seguir arriesgando la vida sin garantías de nada. Necesitamos que esta vez nos escuchen”.“La cosa se puso demasiado pesada”Los guardaparques provinciales tienen en claro que el trabajo que realizan es de riesgo y no es raro que sufran intimidaciones, pero en los últimos tiempos las amenazas alcanzan a sus familias y a los lugares donde viven, de allí que se sientan más desprotegidos que en otras ocasiones. “El tema está más pesado. Nos enteramos por vecinos que rondan los lugares donde vivimos, que dijeron que cuando liberen a tal persona van a arreglar con nosotros, así desde hace al menos tres semanas” y todo a raíz de operativos en los que procedieron según sus obligaciones. Desde hace al menos dos años el Ministerio de Ecología trabaja en un plan para permitir la portación de armas para los guardaparques, pero hasta la fecha sólo se avanzó en el permiso de “usuario colectivo” ante el Registro Nacional de Armas (Renar) que se obtuvo en julio del año pasado. Las armas no están. Algunos de ellos, como Evaristo Sosa, hicieron por su cuenta los trámites para la tenencia de armas ante el organismo, pero si llegara a usarla en servicio no estaría legalmente protegido. En las más de cuatro mil hectáreas que integran el parque Provincial Horacio Foerster no es raro que encuentre campamentos de cazadores furtivos, rozados de monte nativo y hasta cables carriles que cruzan de un lado al otro el angosto río San Antonio para el contrabando de madera o tabaco. Los cazadores a los que se enfrentan tienen equipos de comunicaciones, armas de fuego, ropa camuflada y perros de caza. Ellos no tienen equipos de radio ni señal de celular ni de internet. “Tampoco tenemos combustible suficiente para hacer las recorridas”, relatan. Pese a ello, realizan los operativos y se enfrentan al peligro cotidianamente.
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