La Justicia provincial abrió en las últimas horas una investigación formal sobre la acusación que asegura que internos de la Unidad Penal III de Eldorado salían de prisión sin autorización judicial. Al respecto, el viernes se llevó a cabo un allanamiento en el complejo carcelario donde se secuestraron los libros de ingreso y egreso de internos. Además, se realizaron diversas requisas que por el momento no arrojaron el hallazgo de armas de fuego.La medida tuvo lugar horas después de que trascendiera una carta anónima que llegó el último lunes al Tribunal Penal 1 de Eldorado, donde se denunciaban una serie de irregularidades que ocurrirían en el seno del complejo carcelario asentado sobre la avenida El Fundador de esa localidad.Como PRIMERA?EDICIÓN informó, el punto más grave de esa misiva tenía que ver con la presunta salida de presos de la mencionada cárcel sin la autorización judicial correspondiente. En ese sentido, la ley es inequívoca: cuando una organización pública solicita las labores de un interno en fase de confianza, el responsable de la Unidad Penal debe dar inicio a un expediente que, entre otras cosas, debe contar con la autorización del juez que tiene a disposición al preso.Sin embargo, ante las sospechas de que así no sucediera, el viernes tomó intervención el Juzgado de?Instrucción 2 de Eldorado, a cargo de la magistrada Nuria Allou, quien rápidamente ordenó un allanamiento en el complejo penal.Fueron efectivos de la comisaría seccional Primera y de la Unidad Regional III de la Policía provincial, con asiento en Eldorado, quienes el viernes por la mañana arribaron a la cárcel eldoradense y procedieron al secuestro de los libros de ingreso y egreso de presos. Esos registros serán claves para dilucidar lo que realmente sucedía en el presidio y establecer responsabilidades.En tanto, las autoridades también realizaron una serie de requisas ante la posibilidad de que existieran armas de fuego.?No obstante, los primeros trabajos no arrojaron resultados positivos al respecto.Mientras tanto, las fuentes indicaron que desde la dirección del Servicio Penitenciario Provincial, a cargo del alcaide general Miguel Ángel Maidana, se ordenó la sustanciación de un sumario administrativo que puso la lupa sobre todos los efectivos que trabajan en la UP-III. El objetivo es el mismo que el de la Justicia: establecer o deslindar responsabilidades.El inicio de la investigación formal por parte de la Justicia provincial pone nuevamente en el tapete la problemática que se vive “detrás de los muros”. Los avances en la instrucción permitirán establecer qué hay de cierto en la carta anónima que disparó la pesquisa.La misiva fue hallada por el policía de guardia del TP 1 eldoradense el último lunes.?Ante la situación, los magistrados Atilio León, Lyda Gallardo y María Teresa Ramos -a cargo del mencionado órgano- requirieron una serie de informes de manera urgente, en virtud de que ese cuerpo actúa también como Tribunal de Ejecución.Una vez recibida esa documentación, la misma fue remitida hacia la fiscalía de Instrucción 2 de Eldorado, a cargo de la letrada Bibiana María Alderice. Y ayer por la mañana, finalmente, la representante del Ministerio Público Fiscal requirió el inicio formal de la instrucción de la causa. Todo derivó entonces en el allanamiento ordenado por la jueza Allou.En la carta anónima que disparó la causa se lee, por ejemplo, que “(se) saca fuera del penal a internos que no están en condiciones de salir a trabajar, mintiendo el lugar adonde van y realizando trabajos a entes públicos”, dando a entender que los mismos se realizaban “para beneficio propio” de oficiales del penal.Además, esa misiva da a entender otras irregularidades, como el desvío de alimentos que jamás llegan a manos de los internos y la presencia de armas de fuego en el penal con el temor de una posible fuga.“Quiero que tomen conocimiento de lo que ocurre en la cárcel de Eldorado”, se lee en el primer párrafo de la carta. En eso está ahora la Justicia.
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