Del 21 al 23 de septiembre se realizarán las elecciones para renovar la comisión directiva de la Unión Judicial Misiones (UJM), un gremio que hace muchos años es manejado por Arcadio Lewin. Se han presentado tres listas en la Junta Electoral, pero hasta ayer sólo dos habían sido oficializadas, mientras que a la tercera le estaban poniendo “trabas” para participar.La lista oficialista está encabezada nuevamente por Lewin y el actual tesorero Osvaldo Sánchez, la otra lista oficializada es encabezada por Mario Flores. En tanto, la lista encabezada por Diego Barrios no fue oficializada y le están “buscando la vuelta para evitar la participación”, señaló.La Junta Electoral está integrada por Sonia Thomas, Mabel Silvero y Luis Centurión, aparentemente todos con excelente relación con el oficialismo de Lewin y Sánchez. Los tres son los encargados de oficializar o negar la participación de la tercera lista.“Yo creo que nos están buscando la vuelta y poniendo trabas porque somos una oposición real y seria. Tenemos una lista conformada con empleados judiciales de muchos años de trayectoria, de conducta intachable y que tienen todo el apoyo de sus compañeros. Por eso están viendo que pueden perder sus privilegios”, sostuvo Barrios, que encabeza la lista “Juntos Podemos”.Consultado acerca de las trabas, mencionó que “dicen que nosotros no cumplimos con la cantidad mínima de candidatos, pero el Estatuto gremial no establece un mínimo. Nuestra lista tiene 16, nos tacharon tres y nos quedamos con trece candidatos. La única limitación legal la establece la ley de asociaciones sindicales que fija un mínimo de cinco candidatos, que cumplimos”.Sobre la razón de tener tres candidatos tachados, Barrios dijo que “dicen que no tienen antigüedad necesaria de afiliación, pero le pedimos la ficha de afiliación y no nos quieren mostrar. Dicen que tienen inhabilidades pero sólo hay dos casos de inhabilidades, que hayan quebrado o que hayan estado presos, y nuestros candidatos no tienen ninguna de esas circunstancias. Se nota la parcialidad. No quieren que compitamos”, agregó.Barrios reconoció que fue integrante de la comisión directiva de Lewin pero se alejó “hace tres años por diferencias en la metodología de trabajo”, explicó. “A mí me gusta estar en contacto con la gente, ellos no caminan, antes teníamos cuerpo de delegados, se perdió contacto con la gente, no se hacen más reuniones con el cuerpo de delegados, la gente no va más al gremio. De un total de 3.500 empleados judiciales tenemos sólo 500 empleados afiliados al gremio; esto pasa por falta de diálogo con las bases, tenemos un gremio aislado y alejado de la gente”, cuestionó el candidato.Propuestas“Primero de todo queremos fortalecer al gremio y volver a lograr la unidad de los trabajadores judiciales, que tiremos todos para el mismo lado en defensa de nuestros derechos y nuestro salario”, mencionó Barrios.Agregó que “necesitamos con urgencia modificar el artículo de ley de jubilaciones, respecto a las mujeres. Somos la única y el único gremio que todavía obligan a las mujeres a jubilarse recién a los 65 años, nuestra propuesta es que sea con 60 años como el resto del país y el resto de los gremios.“Tenemos que trabajar en la recreación de nuestros compañeros, tenemos camping pero en todo el verano no se utilizan porque no están en condiciones, este verano ni siquiera se contrató un bañero, no hay infraestructura, no hay limpieza”, reclamó.También mencionó la necesidad de “actualizar la escala salarial. Queremos lograr que nuestra escala salarial sea igual a la que tiene Corrientes, queremos restablecer las relaciones con los gremios de otras provincias y con la Federación, que están quebradas. El salario inicial de un judicial es de nueve mil pesos pero el sueldo básico es de 800 pesos, una vergüenza, en eso tenemos que trabajar”, señaló Diego Barrios.Anunció que la semana próxima estarán en Oberá y Eldorado “si nos oficializan la lista, haremos campaña, pero si no nos oficializan igual estaremos presionando para que nos oficialicen”.Sueldos de hambreCentenares de empleados del Poder Judicial de Oberá, Eldorado y Puerto Rico se declararon en estado de alerta y asamblea permanente “por los bajos sueldos” y la inacción gremial. Se manifestaron en abril a través de una nota firmada por cientos de trabajadores.Denunciaron que un empleado inicial no supera los nueve mil pesos de bolsillo. “Esta situación coloca al empleado judicial muy cerca de la pobreza y la indigencia. Se preguntan “¿cómo podremos subsistir así? ¿cómo podemos brindar un servicio de justicia de calidad de esta manera?”.Además, recordaron que los empleados del Poder Judicial, por Reglamento, “no podemos ejercer ninguna otra actividad fuera del juzgado sin poder buscar algo más para la olla de nuestros hijos”.
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