Señora Directora: Sorprende –o, quizás, no- la tozudez de nuestros actuales gobernantes que desoyen los reclamos de los sectores populares y con sus acciones beneficia a la mayor concentración de la riqueza, aunque intenten disfrazarlo de mil maneras. Al punto incluso que relativizan la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) con el propósito de mantenerse en sus trece, pese a que “cacarean” por los diversos medios de que serán respetuosos del fallo que ésta dictó sobre la tarifa del gas.Así llamaron a una audiencia pública como se lo ordenó la Justicia, pero le cambian su propósito y aventuran que, como no es de carácter vinculante, será solo informativa y una vez cumplido con ese formalismo se volverá a fijar la suba en un 400% de la tarifa, según las recientes declaraciones del jefe de gabinete Marcos Peña. Pero además, demostrando la “seriedad” con que fue tratado el requisito normativo exigido por la Corte, fijan una fecha que ahora deberán cambiar en razón de la superposición con otro compromiso asumido previamente. De manera tal de que queda claro que en su opinión la audiencia pública es solo “una pérdida de tiempo” que en el futuro podrá subsanarse y el promocionado “diálogo” es solo una expresión vacía, de puro voluntarismo.Claro que muchos dirán que este es un problema que no nos alcanza a los nordestinos porque carecemos de provisión de gas en red y, por ende, no tenemos por qué preocuparnos (aunque el precio de la garrafa siga siendo un robo a mano armada al que nadie intenta ponerle el “cascabel”). En una primera lectura, tal vez haya mucha razón en ello, pero demuestra una metodología que también puede afectarnos en otros temas. Sobre todo cuando también está en juego un segundo “tarifazo” –cronológicamente fue anterior al de gas-: el de la energía eléctrica. O, quizás, en la demora de otorgar el ITC diferenciado (impuesto a la transferencia de los combustibles) y el mayor costo de la nafta en esta zona del país.Y como contrapartida a ese perjuicio general con mayor impacto entre los trabajadores y los que menos tienen, se eliminan o reducen las retenciones a las exportaciones, dándole mayores dividendos a los sectores alcanzados por ellas, e incumpliendo una promesa electoral se “corrige” el impuesto a las ganancias para peor. En lugar de desgravar a muchos de los bajos salarios, el régimen que eleva la base imponible alcanza a nuevos sectores que hasta ahora no pagaban. Y caprichosamente se mantiene la exención a los magistrados judiciales.
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