Desde marzo pasado, las empresas con contratos por más de 300 kW de potencia energética —que representan alrededor del 35 % de la demanda actual— que no utilicen al menos un 8 % de energía generada por fuentes renovables son objeto de sanciones. Esto ocurre a partir de la reglamentación de la Ley 27.191 (“Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica”) y supone un impulso para la generación de energía solar, eólica y por biomasa, entre otras. Esta última es producida por biodigestores que utilizan residuos y, si bien algunas empresas locales ya los tienen instalados y funcionando, en su mayoría son utilizados para tratamiento de efluentes y desperdician el biogás que producen.“Frente a una obligación penalizada, las industrias tienen que tener en cuenta que en sus biodigestores tienen un pasivo que puede valorizarse; es una lástima que no lo hagan”, dice Agustín Piccoletti, ingeniero del Programa de Energías Renovables del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti). En la Argentina, hay más de 100 empresas que utilizan plantas biodigestoras anaeróbicas para tratamiento de residuos y efluentes, con una capacidad de 83.836 m3 de reactores, que producen 9.315 nm3 (por metro cúbico normal, en relación con la presión) de biogás mensuales que se desperdician y que podrían traducirse en 23.846 kWh de electricidad o 26.827 kWh térmicos durante ese período. Según cálculos del Inti, esa energía desaprovechada alcanzaría para abastecer a unas diez empresas.“Todas las empresas que tienen un biodigestor anaeróbico y no aprovechan energéticamente el biogás deberían comenzar a hacerlo porque tiene un impacto positivo en el balance económico”, subraya Piccoletti. El equipo de profesionales que conforman la Red de Biogás del Inti llevó adelante un relevamiento nacional a través del cual registró, durante 2015, las características y condiciones de 62 industrias que ya cuentan con plantas de biodigestión anaeróbica instaladas y en funcionamiento.“Cuando nos enterábamos que una empresa tenía un biodigestor y llamábamos para ir a ver cómo funcionaba, pensaban que, como somos un ente estatal, íbamos a controlarlas”, recuerda Piccoletti. Y destaca que, en ese sentido, hicieron un trabajo de planificación previo que tuvo en cuenta esas cuestiones: “Había un protocolo de abordaje a las empresa para que entendieran que el proyecto las beneficiaría”.Así, lograron llegar a 62 de las 80 empresas que conocían y, tras siete meses de trabajo (entre mayo y noviembre de 2015) detectaron que existen al menos 105 plantas de biodigestores anaeróbicos en todo el país, la mayoría en la provincia de Santa Fe (27 %), seguida por Buenos Aires (18%). De las instalaciones relevadas, el 85% se utiliza únicamente para tratamiento de efluentes cloacales o valorización de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, pero no para producir biogás. En el sector público —que comprende casi el 54 % de los biodigestores del país—, más de la mitad de las plantas fueron construidas con ese fin, mientras que el 33,3 % de ellas tiene fines educativos o de investigación. Según el estudio, en este último caso las plantas biodigestoras suelen estar a cargo de los municipios.En cuanto a las instalaciones construidas en el sector privado, solo el 6 % tiene un fin energético, mientras que el 94% restante las utiliza únicamente para tratamiento de efluentes. Este sector comprende el 37 % de los biodigestores construidos en el país, mientras que el resto pertenece a cooperativas, organizaciones no gubernamentales e iniciativas familiares.Radiografía del biogásSegún el relevamiento del Inti, más de la mitad de las plantas biodigestoras evaluadas no poseen un sistema de control de temperatura. Y buena parte de las instalaciones no reúne lo necesario para asegurar las condiciones de operación específicas del proceso, lo que les permitiría optimizar la cantidad de biogás generado. El 40% no realiza ningún tratamiento de subproductos líquidos (como abonos, fertilizantes y compostaje) y el 20% posee alguno, pero deficitario.En cuanto a la biomasa utilizada, en general proviene de residuos industriales (casi el 40%), seguida por los urbanos y aquellos derivados de la ganadería (casi un 30 % en ambos casos). De todos modos, al considerar la calidad del biogás generado, en la mayoría de los casos (70 %) se desconoce su composición.Para que las industrias puedan comenzar a aprovechar este recurso, los especialistas del Inti pondrán a disposición un manual de recomendaciones para la operación y la seguridad de plantas de biogás. “Hay que tener en cuenta aspectos constructivos, ya que ni los materiales ni la disposición pueden ser al azar, sino que tienen que tener configuraciones adecuadas”, explica Piccoletti y ejemplifica: “La fase gaseosa tiene presencia de sulfuro de hidrógeno, humedad y temperatura, que es una combinación corrosiva tanto para materiales de construcción como para metales. Por eso, el tipo y espesor del hormigón deben tener ciertas especificaciones y lo mismo las membranas, que tienen que ser de un material resistente y con cierta elasticidad”.En un escenario local en el que aumentará la demanda de energías renovables, las opciones para las empresas serán la compra de energía y el autoabastecimiento. “La licitación de energías renovables que salió en estos días fijará precios para todo el mercado. A partir de eso, las industrias van a poder decidir si les conviene invertir en autogeneración, esperar a que una comercializadora venda su energía o comprarle directamente al Estado en función de los costos”, cierra Piccoletti. Fuente: Agencia TSS
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