El juicio oral y público a dos mujeres y un hombre por la muerte por intoxicación de dos jóvenes empleados de la empresa SIP Armas, ocurrida hace ocho años en esta capital, se pondrá en marcha el próximo jueves 8 de septiembre. Las víctimas, Ricardo Enrique Caballero (19) y Andrea Itatí Pérez (27), eran empleados de la citada firma, dedicada a la limpieza y también a la seguridad privada, y fallecieron en mayo de 2008.En el banquillo de los acusados estarán quienes eran socias gerentas de dicha empresa, Felicita Aquino y su hija, Mariela Báez, como así también un empleado jerárquico, Juan Carlos López. Todos llegan en libertad y deberán responder por el delito de homicidio culposo, establecido en el artículo 84 del Código Penal Argentino, que prevé penas de seis meses a cinco años de prisión al “que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte”.El debate se llevará a cabo en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Justicia, ubicado en el subsuelo del edificio de la avenida Santa Catalina 1.735. Se tratará de un juicio en la modalidad Tribunal unipersonal, que será presidido por el magistrado César Jiménez, titular del Juzgado Correccional y de Menores 1 de Posadas. Las muertes de las víctimas se produjeron el 17 de mayo de 2008, presuntamente cuando los empleados manipularon productos químicos para cumplir con su labor de limpieza, pero fallecieron intoxicados, tal como figura en la instrucción de la causa.A partir del 8 de septiembre está previsto que desfilen unos cuarenta testigos ante el mencionado Tribunal. La fiscalía estará a cargo de Yolanda Mazal, en tanto que la defensa de los tres imputados será llevada adelante por el abogado, Roberto Chemes. Un largo peregrinar por JuzgadosTal como publicó PRIMERA EDICIÓN, en febrero pasado el Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJ), resolvió rechazar un recurso de nulidad de la elevación a juicio de la causa SIP planteado por la defensa de los tres acusados.En su momento, esa elevación fue presentada por el juez de Instrucción 2 capitalino, César Yaya, y luego devino en diversos recursos planteados y que fueron rechazados por la Cámara de Apelaciones. Todos los escritos realizados fueron presentados por el defensor Roberto Chemes. Cabe agregar que el STJ decidió denegar también el Recurso Federal Extraordinario planteado por el letrado tras la declaración, en julio de 2015, de inadmisibilidad del recurso de casación que buscaba la nulidad de la elevación a juicio. Finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja con el que los imputados pretendían frenar la realización del juicio, llegando en marzo pasado el expediente al Juzgado Correccional y de Menores a cargo de César Jiménez, quien tras ocho años y en las últimas horas fijó fecha para el debate. Una causa resonante y que concitará mucho interés de gran parte de la sociedad misionera.Los forenses, claveTeniendo en cuenta la instrucción de la causa, los fallecimientos se habrían producido por la intoxicación al manipular un “polvo blanco”, presunto cloro que les entregaron a las víctimas en reemplazo de lavandina líquida. Por ello resultará clave la labor de los peritos forenses del Poder Judicial y quienes realizaron las autopsias.En el caso de Ricardo Caballero, su muerte se produjo el 17 de mayo de 2008, mientras que Andrea Itatí Pérez agonizó durante siete días. Trabajaban en un geriátrico de Villa Lanús y el hospital Ramón Madariaga. La manipulación del producto químico sin cumplir con los requisitos de seguridad necesarios o la falta de capacitación a los empleados que debían utilizarlo es uno de los polémicos puntos que deberían esclarecerse en el debate, donde los imputados, habrían sido las responsables de suministrar el producto. Al igual que el caso Iván Mercol, el juicio se realizará en la modalidad Tribunal unipersonal, cuyas resoluciones son dictadas por un solo juez. Este tipo de debates se puedan llevar a cabo en todos los pedidos de suspensión de juicio a prueba (o probation), en las causas que se soliciten juicios abreviados, o para los delitos de acción privada o con penas de hasta seis años. Este rediseño de la organización judicial tiene como objetivo mayor agilidad en los procesos.
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