Última instancia

"Sabemos que ya hace tiempo que estos procesos se judicializan, y sabíamos que esto iba a terminar tarde o temprano en la Corte Suprema”; la frase fue pronunciada el viernes por el Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, respecto a la situación creada por las medidas judiciales que frenaron los aumentos de luz y gas y abrieron el camino para que la Corte Suprema sea la instancia definitiva. El funcionario planteó razonablemente que “hace muchos años no se puede salir de una judicialización permanente de un tema tarifario” y consideró “profundamente injusto” que “después de diez años de más de 1.000% de inflación prácticamente no se habían acomodado las tarifas”.En términos de gestión, sin embargo, pocos defienden hoy la estrategia adoptada por el ministro de Energía, José Aranguren, para terminar con la política de subsidios a la energía, actuando al límite de la legalidad y del consenso que requieren las políticas de servicios públicos; sin medir el impacto en las economías familiares de los usuarios y en las estructuras de costos de muchos sectores productivos.La temprana aplicación del ajuste tarifario no hubiera sido un error en sí misma, si se daba en un escenario de crecimiento de la economía, o si se hubieran previsto mecanismos de moderación del impacto en las economías familiares de millones de usuarios; además de en los costos de algunas cadenas productivas. Tal como fue implementada, frente a un panorama recesivo con inflación en alza y caída del empleo, y ante la lenta maduración de las políticas que, en principio, tienden a incentivar la inversión y a promover el despegue productivo;?era previsible que la medida termine en los estrados judiciales.La judicialización de las decisiones de política económica, de cualquier modo, no es el camino genuino de resolución de conflictos en democracia; mucho menos cuando, como en los últimos años en el país, se vuelve una vía transitada en exceso; o un recurso de última instancia para encausar un justificado descontento ciudadano.