Sólo cuatro mil obreros de la construcción se encuentran hoy trabajando en obras públicas dependientes del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), apenas el 40% de los diez mil que en promedio se encontraban usualmente ocupados en estas obras el año pasado. Lo reveló el presidente del Iprodha, Santiago Ros, quien lamentó la falta de regularidad en la llegada de fondos nacionales, situación que impide programar obras a futuro y sólo les permite sostener las iniciadas, aunque a un ritmo bastante más lento que el de años anteriores.“Si tenemos que hacer una evaluación de estos seis meses, todavía no hemos podido recomponer el ritmo de los programas de obras en la medida que nosotros esperábamos. No hay regularidad con las transferencias de los recursos nacionales por lo que no se puede planificar nada porque un mes mandan, otro mes mandan menos, y eso impide que se programe. En concreto hoy todavía no pudimos crecer planificadamente, es todo en base a esfuerzos individuales. La obra pública no se sostiene con expresiones, sino con recursos”, admitió el funcionario, que además refirió a las consecuencias directas e indirectas de esta nueva relación con el gobierno nacional en un marco de mayor austeridad. “La incertidumbre no es buena para el que tiene que invertir y las empresas están complicadas, tenemos algunas que han quebrado, otras que están en convocatoria de acreedores”, dijo, y explicó que por ahora hay dos casos de empresas en quiebra. “Inmediatamente hemos reabsorbido las obras que tenían a cargo, pero no deja de preocuparnos que esta situación se repita en otras firmas”. Comunas que no rindenEn la misma línea, hay al menos quince comunas misioneras a las que se les inició el proceso de ejecución de las garantías de obras por diversos incumplimientos, falta de rendiciones e irregularidades en el manejo de los fondos del Instituto. De no avanzar en la regularización requerida, estos municipios verán afectados los fondos de coparticipación, ya que sufrirán el descuento automático de la garantía, advirtió Ros. Por ahora, el funcionario prefirió no dar a conocer los nombres de los municipios complicados y los intendentes incumplidores, particularmente porque “hay casos en los que hubo recambio de intendentes y los nuevos nos pidieron tiempo y alternativas para regularizar su situación”. Cambio en las prioridadesEl presidente del Iprodha refirió que con el ritmo menor al previsto por falta de fondos, el organismo igualmente avanza con las obras en el complejo Itaembé Guazú, en el cual “vamos a terminar lo ya iniciado tal como estaba previsto”. Esto significa que concluirán con 3.200 viviendas inicialmente programadas en el gran predio ubicado al suroeste de la capital misionera, lejos de las 12.000 que en su momento se pensaron para la urbanización. El instituto de la vivienda también sufre una fuerte readecuación ya que pasará a atender a la franja más desprotegida de la población con soluciones habitacionales totalmente distintas a las que se realizaban hasta el año pasado. Ayer se inició el proceso de licitación de 950 “lotes con servicios”, que son terrenos con luz, agua y cloacas que serán provistos a las familias que viven en los asentamientos de los distintos puntos de la provincia.“Estamos priorizando hoy las obras que más avance tienen para poder terminarlas, ya sean viviendas, equipamiento u obras de infraestructura. Hacia adelante vamos a priorizar las obras de infraestructura puntualmente, esto es, redes de agua, redes troncales de cloacas, obras de provisión energética. que son las obras soporte para futuras viviendas. Sin esas obras complementarias las viviendas no tendrían sentido, por eso las priorizamos, al igual que las obras para futuras escuelas”, explicó. “La velocidad de incorporación de contratos nuevos es menor. Si antes iniciábamos veinte obras por mes, ahora iniciamos cinco, por decir una proporción”, ejemplificó, para dar idea de la desaceleración.Auditoría nacional Santiago Ros aseguró que concluyó “con éxito” la auditoría nacional sobre el programa “Mejor Vivir” que se ejecuta en Misiones con fondos federales. “El Gobernador pidió que se audite un programa del cual se habían discontinuado los pagos en todo el país. La nota solicitando la auditoría salió el 24 de Mayo. En la primera semana de junio estuvo en Misiones la auditoría y nos fue muy bien, ya se destrabaron los trámites para el pago de los certificados de obra”, aseguró el funcionario. Como contrapartida, y pese a las evidencias, los testimonios y las denuncias por viviendas no terminadas e igualmente entregadas en distintos municipios, Ros minimizó las supuestas irregularidades por parte de los intendentes y las cooperativas de trabajo.
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