Unas treinta personas se manifestaron el martes frente al Juzgado de Instrucción 1 de esta ciudad para repudiar el desalojo de un predio usurpado un día antes en el barrio San Cayetano y la sujeción a proceso judicial de dos integrantes de la CTA, por el supuesto delito de “incitación”, consignaron fuentes del caso.Los terrenos -según pudo averiguar PRIMERA EDICIÓN- pertenecen a la Municipalidad local y están destinados a la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) y una plaza.Al momento de la usurpación -la tercera en lo que va del año-, el inmueble estaba cercado con tejido y exhibía carteles que anuncian el pronto inicio de obras.Sin embargo, esta circunstancia no impidió que, el domingo pasado, unas 85 familias ingresaran en forma irregular con intenciones de quedarse en el lugar. Entre ellas había -según estimaciones oficiales- unos 132 niños.En este contexto, el juez de Instrucción 1 de Eldorado, Roberto Horacio Saldaña, como en mayo pasado, dispuso el desalojo de la propiedad fiscal.En medio del procedimiento policial, dos dirigentes de la CTA fueron demorados y acusados de incitar el accionar de los “ocupas”.No obstante, ambos recuperaron la libertad poco después en la comisaría dependiente de la Unidad Regional III, con asiento en Eldorado.El lugar“El predio se encuentra en el barrio San Cayetano y consta, aproximadamente, de cuatro cuadras a la redonda”, consignó una fuente consultada por este Diario.Fuentes judiciales confirmaron que, con la del domingo, fue la tercera ocasión en que usurpan el inmueble municipal. En dos de ellas con el juez Saldaña de turno y la restante, con la titular del Juzgado de Instrucción 2, Nuria Allou.Tras los últimos incidentes, la Municipalidad de Eldorado se habría comprometido, al menos verbalmente, a iniciar una parte de las obras lo suficientemente significativa como para evitar futuras intrusiones. Justamente, desde el ente comunal se habría advertido del accionar de oscuros intereses que se manejarían desde las sombras para utilizar a estos actores y obtener las tierras para luego venderlas, contexto que es investigado por la Justicia.Del otro lado, en tanto, la verdad pareciera no estar enajenada de la realidad. Muchos en esas 85 familias son desocupados que viven de changas y que ya no cuentan con planes sociales; por lo que las necesidades básicas insatisfechas se multiplican.
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