Señora Directora: El Sistema Integrado de Transporte nace en los años 70 en Curitiba (Brasil) y se caracteriza por la implementación de estaciones de transferencia, donde confluyen las líneas de colectivos desde los distintos barrios y los pasajeros, con un único boleto, pueden realizar distintas combinaciones hacia el destino final elegido. Es decir, podés moverte de una punta de la ciudad a otra abonando un solo pasaje.En nuestra ciudad el sistema comienza a funcionar a principios de abril de 2007 con la estación de transferencia del Campus UNaM. La misma articula el transporte correspondiente al corredor sur de la capital, que reúne casi el 60% de los pasajeros. El sistema, adquiere una contundente solidez jurídica al ser incorporado a nuestra Carta Orgánica en 2010 a través del artículo 90, que establece: “El Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano de la Ciudad de Posadas es un factor determinante en la política de ordenamiento y regulación de la movilidad urbana”.Además de la estación de transferencia ya en funcionamiento, la planificación original establecía dos estaciones más. Una de ellas, ubicada en la intersección de las avenidas Quaranta y Santa Catalina. Estaba pensada para comenzar su funcionamiento a fines de 2014, pero la obra civil se retrasó hasta que, a mediados de 2015 (muy cerca de las elecciones), diversos funcionarios, incluyendo al entonces intendente municipal Orlando Franco, anunciaban con bombos y platillos que “la obra llevaba un avance del 90% y estaría finalizada y lista para inaugurar a fines del mismo año”. Incluso, ante presentaciones que se hicieron en el Concejo Deliberante sobre inconvenientes que podía generar la estación en el suministro de agua potable e informes de la empresa Servicios de Aguas Misiones SA (Samsa) y el Ente Provincial de Regulación de Aguas y Cloacas (Eprac) sobre el peligro de continuar con la construcción, afirmaban que “la obra no iba a paralizarse”.Lo cierto es que a comienzos de 2016, aquel presagio comienza a convertirse en una realidad. Se identifica efectivamente que la ruptura del ducto de agua potable que se encuentra cuatro metros por debajo y abastece al sur de la ciudad, implicaría, no solo que 50 mil personas se queden sin agua, sino un hundimiento que podría significar una verdadera tragedia. Lógicamente, la obra se detiene y comienzan a debatirse dos cuestiones: la responsabilidad de cada participante y quien se hace cargo de pagar el costo de rehacer parte de la construcción.Como puede entenderse que la obra se haya aprobado y que las dependencias públicas encargadas de las inspecciones y el contralor puedan no haber advertido el error en forma previa para de esa forma evitar este verdadero escándalo que perjudica, una vez más, a los usuarios del transporte público de pasajeros. Quizás, la encargada de delimitar responsabilidades será la Justicia, pero, por lo pronto, la Municipalidad debe tomar cartas en el asunto y realizar todas las gestiones necesarias para la conclusión de la obra.Desde esta humilde banca de concejal, que todavía espera los informes solicitados al Departamento Ejecutivo (Expedientes 872 C 2016, 875 C 2016 y su reiteración 1.620 C 2016), solicito de manera urgente al Intendente que ejerza su poder de policía y ponga fin a este vergonzoso episodio o, de lo contrario, se haga cargo de abonar los pasajes de miles de vecinos de los barrios San Isidro, El Porvenir II, Aeroclub, 213, Itaembé Miní, Cocomarola Este y San Marcos, entre otros, que todavía pagan doble boleto para trasladarse.
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