Entre los principales argumentos de la demanda se encuentra el incumplimiento del artículo 46 de la ley 24.065 (sobre el régimen de energía eléctrica), que determina textualmente que, al recibir una solicitud de aumento tarifario por parte de las empresas distribuidoras, el ente regulador se encuentra obligado a dar inmediata difusión pública a la misma por un plazo de treinta días y convocar a una audiencia pública para el siguiente día hábil a fin de determinar si el cambio solicitado se ajusta a las disposiciones de esta ley y al interés público.Otro de los puntos contenidos en el amparo presentado por Britez resalta la figura del usuario del servicio público como la parte débil de la relación de consumo, haciéndose énfasis en que "no se han respetado sus intereses y el derecho a ser informados con anticipación de los aumentos tarifarios, lo único que se pretende aparentemente con el dictado de las referidas resoluciones es proteger la ecuación económico/financiera de las empresas, a expensas de los propios usuarios".La legisladora expresó que “la medida es sumamente negativa para los sectores comerciales e industriales, que vienen soportando cada vez con más dificultad los excesivos aumentos tarifarios. Esta situación, provoca un aumento directo en los costos de operación y producción que se trasladan a los precios, con una consecuente pérdida de la competitividad lo que viene desencadenando hace unos meses que diferentes industrias deban suspender y en el peor de los casos despedir empleados poniendo en riesgo miles de fuentes de trabajos y la calidad de vida de los misioneros”.Además, advirtió el impacto perjudicial en las instituciones de bien público, los clubes barriales y las organizaciones comunitarias a las que "con estas resoluciones se está poniendo en riesgo su propia existencia".
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