A pedido del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), el Ejecutivo Municipal deberá terminar las obras inconclusas de 17 adjudicatarios del Programa Viviendas Progresivas.Esto se desprende de la exposición que realizaron el martes ante el Concejo Deliberante, tres de los cuatro secretarios de la comuna que concurrieron al recinto a pedido de los ediles, a quienes presentaron datos y documentales para avanzar en el esclarecimiento de las irregularidades denunciadas por beneficiarios del programa.Los secretarios de Gobierno, Jorge López; de Hacienda, Fabián González, y de Obras y Servicios Públicos, Guillermo González, comparecieron tal lo previsto, a fin de dar explicaciones sobre la falta de controles en el Programa. El único ausente fue el titular de Acción Social y Medio Ambiente, Ricardo Arzamendia, que no concurrió a recinto por una afección respiratoria, según hizo constar en el certificado médico. Los funcionarios explicaron que esa continuidad se hará con los fondos que aún no fueron desembolsados por el organismo provincial, que rondan los 450 mil pesos, más una actualización de costos, la caución contratada con Federación Patronal Seguros y el fondo de Reparo, lo que totalizaría más de un millón de pesos.López fue quien durante más tiempo se explayó en la interpelación que se extendió por casi tres horas. Aseguró a Norte Misionero que la comuna no deberá erogar dinero genuino y aseguró que estas irregularidades no afectarán los fondos de coparticipación municipal. Dijo que el plazo fijado para la conclusión de las obras es de 45 días hábiles, que comenzaron a regir el 30 de marzo y caducarían a fines de julio. Según el funcionario, en los próximos días se culminará con la etapa de relevamiento de las 17 viviendas para determinar exactamente cuáles son los faltantes y el costo de materiales a utilizar.Al referirse a la elección de la empresa constructora presentó las resoluciones, y sostuvo que se hizo el correspondiente llamado a licitación y que se cumplimentaron todos los pasos. No obstante, al ser indagado sobre los motivos que llevaron al Municipio a apartarse de la letra del convenio que no establece la tercerización de la obra, explicó que en la primera etapa se había hecho de forma similar y no se generaron inconvenientes. Y que, además, al ser montos superiores a 30 mil pesos la Ley de Contabilidad exige que se realice por licitación pública.Ante las irregularidades presentadas, el Secretario de Gobierno confió que el municipio mandó una carta documento a Constructora Leo -con domicilio en Puerto Esperanza- solicitando un informe y que al no recibir respuesta, reiteró el envío para cancelar el contrato. Asimismo, presentarán un embargo preventivo.Sobre la situación de Wilfrido Landaida, desde el Ejecutivo aclararon que es un agente que depende de la Secretaría de Acción Social, que no cobraba un adicional por el cargo y que no tenía autorización para cobrar a los adjudicatarios. A Landaida se le inició un sumario administrativo y se lo separó del cargo. En su lugar asumió la directora de Planeamiento, Norma Pretzel. Durante la exposición se reveló que la lista original de adjudicatarios sufrió modificaciones, teniendo en cuenta que diez fueron dados de baja por distintas razones y fueron reemplazados por otros diez. La confirmación del Iprodha sobre si estos nuevos beneficiarios reunían las condiciones llegó en junio de 2015. Sin embargo, los desembolsos de dinero (con certificaciones de obras incluidas) habían comenzado a fines de 2013. A junio de 2015 se habían realizado siete desembolsos por unos 1.800.000 pesos. Este inicio de obra tardío para las mayorías de las viviendas explicaría la demora en la terminación pero queda la duda sobre cuáles eran entonces las construcciones que fueron certificadas por el representante técnico designado por la Municipalidad.A raíz de eso, el Ejecutivo envió una carta documento al profesional y éste respondió el jueves pasado, señalando que “a la brevedad” remitirá un informe.Hoy, el turno de LandaidaWilfrido Landaida, representante local de este programa del Iprodha, fue citado para comparecer ante el cuerpo deliberativo hoy desde las 9.30. Ahora las expectativas están centradas en sus declaraciones. El concejal Héctor Falsone indicó a PRIMERA EDICIÓN que los Secretarios “nos dejaron un expediente de unas 400 fojas que tenemos que leer y ver si todo lo que ellos dicen que hicieron, finalmente se hizo porque la documentación nos fue entregada recién en la mañana de ayer, poco antes de la interpelación”. Indicó que “mañana (por hoy) vamos a preguntar a Landaida porqué actuó de esa manera, porqué pidió plata a los adjudicatarios en nombre de la empresa, qué relación tiene con la Constructora Leo”. Tras el diálogo y con la documentación que recibieron “vamos a ver cómo seguimos. Los vecinos están muy alterados con el tema, y con justa razón. Sienten como que acá hay una explicación burocrática de los tiempos, de la empresa, y ellos no tienen la casa, que es lo que les interesa”. Contra Landaida pesa una denuncia realizada ante el Juzgado de Instrucción por parte de una de las damnificadas.
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