La Fiscalía Penal Federal en turno de Posadas realizó el requerimiento de instrucción formal para investigar un supuesto desfalco millonario con fondos nacionales que llegaron a Misiones para construir 124 viviendas en dos aldeas mbya de la localidad de San Vicente. Con este paso, se inicia oficialmente la actuación judicial tras la denuncia penal radicada por los legisladores Héctor Bárbaro y Martín Sereno, y la concejal Clelia Carballo (todos del Partido Agrario y Social) contra el intendente de la localidad Waldomiro Dos Santos, que recibió desde la Nación 24 millones de pesos para las obras pero sólo construyó 104 viviendas, mientras que las que fueron entregadas “estaban a medias” según los denunciantes.La causa ya iniciada quedó radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de la capital provincial, a cargo de la jueza Verónica Skanatta.El requerimiento de instrucción formal, la primera etapa de un expediente penal federal, implica la existencia de una imputación contra los denunciados.Los denunciantes, con el patrocinio letrado del abogado Isaac Lenguaza, refirieron la sospecha de malversación de fondos públicos por un faltante de seis millones de pesos que no se invirtieron como fue previsto, pese a que los fondos llegaron a las cuentas municipales.Irregularidades en cooperativas La metodología de inversión de los 24 millones que llegaron desde la Nación a San Vicente incluyó la ejecución de las obras mediante la contratación de cooperativas de trabajo, las que según las primeras pesquisas, presentarían serias irregularidades, ya que en la mayoría de ellas figuran allegados al intendente e incluso parientes del jefe comunal.Según pudieron determinar los concejales del Pays en la localidad, las cooperativas recién lograron ponerse al día con la Afip y Rentas de Misiones en marzo de este año. Los integrantes de las comisiones directivas en su mayoría no son los trabajadores, y varios son empleados del Municipio o familiares de los funcionarios. Hay una denuncia penal por falsificación de firmas de una mujer que integraba una de las cooperativas. El lunes pasado el Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes sobre el estado de las entidades para dilucidar si estas irregularidades constituyen también la posible comisión de delitos. Los ediles le endilgan al intendente el manejo total de las cooperativas mediante un contador que vive en Oberá y es el apoderado de todas ellas. Además, todas funcionarían en la misma sede social.Cruces y entrecrucesLas cooperativas de trabajo que participaron en la construcción de las viviendas sociales del “Programa Federal de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat de los Pueblos Originarios” para las comunidades mbya de Fracrán y Guiray son cuatro y prestan servicios a la Municipalidad de San Vicente desde el año 2005 cuando fueron creadas en el ámbito municipal. En ese entonces fueron las encargadas de la construcción del Centro Integrador Comunitario en el barrio San Roque. Luego quedaron sin actividad y el actual intendente Valdir Dos Santos se encargó de rescatar las figuras jurídicas para que ejecutaran los proyectos de construcción que tenía el municipio con fondos nacionales.“La forma de rescate que hicieron fue muy simple: buscaron a un integrante de la cooperativa y a través de esa persona llamaron a asamblea, renovaron los socios y cambiaron las comisiones. En cada una de las comisiones colocaron personas de extrema confianza del intendente y del mismo secretario y tesorero de la Comuna” refirieron fuentes conocedoras del proceso.Las primeras denuncias surgieron el año pasado en plena campaña política, cuando hubo un pedido de informes al Ejecutivo por parte del Concejo Deliberante y que el intendente contestó con evasivas. Luego surgieron denuncias mediáticas por la posibilidad de que las cooperativas que prestaban servicios al municipio fueran “fantasmas”. Uno de los nombres que apareció como integrante de una de las cooperativas fue la exesposa de un funcionario municipal de alto rango. La mujer se presentó a los medios radiales y desmintió su participación. También hizo una denuncia penal por la supuesta falsificación de su firma. Según una fuente judicial, en estos días se realizará una pericia caligráfica para determinar si las firmas en las actuaciones de la cooperativa corresponden o no a la exesposa del funcionario. A través de estas cooperativas el municipio ejecutó fondos millonarios. En 2014 los trabajadores de las cooperativas convocaron a los concejales para quejarse sobre los montos que cobraban por la construcción de las casas del programa federal. Los ediles convocaron al intendente a una reunión y le plantearon que lo que percibían las cooperativas por el concepto de la construcción de las viviendas no era el estipulado por el convenio con la Nación. Obligaron al intendente a modificar el pago a los obreros.
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