La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) denunció penalmente ante la Justicia Federal a dirigentes de asociaciones de afectados por el presunto delito de “defraudación en distintas modalidades”. La presentación judicial surgió tras un relevamiento que habría constatado una manipulación y supuesto desvío de las ayudas alimentarias destinadas al sostenimiento de miles de familias de Posadas, y en particular tras la queja formal de casi 400 afectados de “Casa del Olero” y la “Asociación Civil de Afectados El Brete” porque no les llegaban las mercaderías desde julio de 2012, es decir, desde hace cuatro años. Paralelamente a la queja formal de los afectados, la actual gestión de la Entidad confirmó que la mercadería para estas familias efectivamente era despachada mes a mes a través de una red de distribución que incluso contaba con una empresa contratada al efecto, por lo que no se descarta que eventualmente la investigación penal avance sobre la responsabilidad de los exfuncionarios que encomendaron la tarea. El cambio de signo político en la presidencia del país también originó el consecuente cambio en la conducción de la EBY, ahora a cargo de Humberto Schiavoni, quien además es presidente del Pro a nivel nacional. El reemplazante del kirchnerista Oscar Thomas decidió iniciar el relevamiento de la ayuda social efectivamente entregada desde la Eby Posadas a las miles de familias que componen el universo de “afectados” por la represa, y que en su mayoría residen en los grandes complejos construidos por la binacional en A-3-2, Fátima y A-4, entre otros. La intención inicial fue la de clarificar los números a los fines de traspasar la responsabilidad de la asistencia directa al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Pero las primeras denuncias de los afectados determinaron que se frenara el objetivo. Entre las irregularidades detectadas, con la participación de cinco escribanos y personal de la EBY, constataron que de 28 comedores inspeccionados sólo ocho estaban en funcionamiento. Paralelamente la conducción de la EBY les exigió a las asociaciones de afectados la presentación del listado de beneficiarios, fotocopias de los DNI, la constancia de funcionamiento regular ante la Dirección de Personas Jurídicas y el listado de los comedores y merenderos que reciben alimentos.Solamente la tercera parte de las asociaciones presentó la documentación requerida, mientras que las restantes están en situación irregular o no presentaron ninguna documentación. “De una lista de 11 mil personas beneficiadas con ayuda alimentaria directa, no llegan a 5 mil las que realmente fueron afectadas por la represa” disparó el consejero por Misiones en la EBY, Martín Göerlin Lara. Las asociaciones volvieron a movilizar a sus simpatizantes frente a las oficinas de la Entidad en Posadas, lugar en el que reaparecieron las carpas, los fogones en plena calle y el corte permanente del tránsito. Además de reclamar la ayuda alimentaria que se cortó desde hace tres meses, según denuncian, los manifestantes exigen planes de trabajo, viviendas para las familias “derivadas” de las originalmente afectadas y obras en distintos complejos habitacionales que sufren inundaciones periódicas. Desde la EBY, en tanto, aseguraron que la asistencia seguirá llegando, pero sólo a las quince asociaciones que cumplimentaron los papeles y comprobaron que los alimentos tienen el destino inicialmente previsto.
Discussion about this post