El estado del Estado

“En 150 días no se arreglan los 4.500 días del kirchnerismo”. La frase corresponde al Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña en su paso por el Congreso para rendir cuentas de la gestión de Cambiemos en sus primeros cinco meses.Dos días después, el presidente Mauricio Macri ordenó la publicación de un largo informe denominado “El estado del Estado”, donde aborda cada área de la Nación al momento de hacerse cargo de la administración de la República, con lapidarias informaciones sobre organismos y sus programas millonarios.Según el mandatario, que atraviesa una afección cardíaca que motivó su internación por algunas horas en una clínica de Olivos, ese informe es parte de lo explicitado en la apertura de sesiones del primero de marzo en el Congreso. Sin embargo, es la primera vez que el nuevo gobierno brinda un panorama tan detallado de cómo recibió el Estado de manos de Cristina Fernández de Kirchner.En Misiones, tal como se informó en la edición del domingo último, siguen las investigaciones en distintas áreas (especialmente en los municipios) sobre los fondos que Nación giraba pero de los que no se encuentran papeles y menos aún, las rendiciones.El caso de la semana que fue primicia de PRIMERA?EDICIÓN y que fue abordado por medios porteños, es el del intendente Waldomiro Dos Santos, reelecto en 2015 en San Vicente. Fue denunciado penalmente ante la Justicia Federal de Posadas, por el faltante de seis millones de pesos de recurso destinados a viviendas para mbya guaraníes.Van dos demostraciones de que la oposición prefiere denunciar ante el fuero federal antes que el provincial. Un legislador radical pudo haber dado la explicación más clara de las razones: la falta de confianza en el accionar de la Justicia misionera. No es novedad que frente a las denuncias de posibles hechos de corrupción incluso publicadas en estas páginas, no hay fiscal ni juez de instrucción que tome de oficio o al menos requiera documentación para investigar un poco las mismas.Cómo será de cuestionable la actitud de la Justicia provincial, que ningún juez ni conjueces aceptan investigar las graves denuncias de un intendente y hasta del Colegio de Abogados de la provincia que recayó sobre el accionar de Éctor Acosta, magistrado de Puerto Rico. ¿Corporación? ¿Temor? ¿Falta de compromiso? Por ahora, esa misma Justicia que se inhibe de tomar el caso, se excusa de explicar públicamente las razones por las cuales se aparta.Los casos federalesEsta semana se conoció que será Claudio Bonadio el magistrado que investigará la denuncia del diputado Gustavo González contra el exministro del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Santiago, y el exdirector Ejecutivo de la EBY, Oscar Thomas por los vínculos contractuales del primero con el segundo, cuando Santiago era Ministro del Superior Tribunal.Bonadio es uno de los jueces federales que más avanzó contra funcionarios del kirchnerismo cuando aún estaban en el poder y el que más cerca estuvo de que lo echaran. Con más de 20 años como juez federal, conoce los pliegues de la política. Cabe recordar que CFK lo llamó el “juez pistolero” por cadena nacional. En referencia a las investigaciones por supuesta corrupción, esta semana se hicieron circular audios donde Lázaro Báez confirmó lo que  manifestó en su “carta suicida” su abogado Jorge Chueco (encontrado prófugo en Encarnación): que el juez Casanello y el fiscal Marijuan recibían dinero del emblemático constructor K para no mover la causa. Y que Casanello mantenía frecuentes llamadas con “la señora” como la denomina en las escuchas a CFK.Esta semana se realizará la audiencia que Báez solicito a la Cámara Federal y donde espera que pueda aportar más datos de la denuncia donde aseguró que hay que investigar al gobierno anterior de la Nación. Se espera además que los hijos de Lázaro, avancen en la negociación para convertirse en testigos protegidos para contar detalles de las operaciones millonarias que terminaron con la compra de miles de hectáreas en la Patagonia.La imprudencia y las normas sin efectividadEl domingo pasado, hubo que lamentar a las dos primeras víctimas de la imprudencia al volante, tras la sanción y promulgación del “Alcohol Cero” en Posadas. Desde entonces, en la Justicia, existe un profundo debate jurídico respecto al peso que la ordenanza tiene sin que la provincia haya dictado una norma modificatoria de su adhesión a la Ley Nacional de Tránsito que aún fija en 0,5 el límite de alcohol en sangre.Si bien en este caso el conductor detenido por chocar el auto de alquiler en el que iban las víctimas tenía 0,63 (por encima incluso de lo fijado por la norma nacional) es probable que la Justicia siga con el mismo criterio frente a estos hechos: que los conductores sigan en libertad hasta el momento del juicio, salvo que exista riesgo de fuga, por interpretar que manejaban sin la intención de matar. Es allí donde la ciudadanía, con bronca e indignación, reclama cambios en el Código de Procedimiento para que un conductor que a pesar de las campañas  de difusión, concientización y prevención de las consecuencias de manejar alcoholizado, tome, por fuera de los límites y decida manejar igual, terminando con la vida de inocentes que eventualmente se les cruzan en el camino. Y no pueda salir en libertad tan fácilmente. Interpretando que el ebrio que decide manejar, es responsable de que hacerlo en su estado, es capaz de provocar la muerte a terceros o a él mismo. Más cuando la Justicia demostró que en hechos tan graves (van cinco en un año) pueden pasar muchos meses y años en la total impunidad sin castigo a los responsables.Es hora que los diputados misioneros se pongan a estudiar y trabajar en remiendos legales que saquen a las normas vigentes de la ineficiencia actual. Para que las autoridades de aplicación y la justicia actuen sin justificaciones por las víctimas y sus familiares y amigos.Apoyo a propuestas de MM“Manteniendo la posición de coherencia que hubo desde un principio y en un contexto de creciente entendimiento entre el Frente Renovador y el gobierno nacional, el conductor del oficialismo misionero, Carlos Rovira, instruyó al tandem de legisladores nacionales que brinden un firme acompañamiento y colaboración a las necesidades que tendrá el gobierno de Mauricio Macri a partir de la próxima semana, para impulsar los pliegos de los candidatos a jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y para sancionar leyes que el macrismo considera claves para su gobierno, como el apoyo al blanqueo de capitales para generar inversión y la ley de reforma previsional para mejorar las jubilaciones de todos los pasivos”. Así lo explicó una fuente de la Rosadita misionera al ser solicitada una posición frente a las leyes de Macri. Los dos elegidos para ocupar las vacantes en la Corte son Carlos Rosenkrantz, un abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho (Escuela de Leyes de Yale). Además, fue asesor del expresidente Raúl Alfonsín. Actualmente dicta T
eoría del Derecho (UBA) y es rector de la Universidad de San Andrés. Y Horacio Rosatti que nació en Santa Fe, es abogado constitucionalista y fue ministro de Justicia y Derechos Humanos del expresidente Néstor Kirchner. Cuenta con un doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magíster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental.Al parecer, los legisladores nacionales de Misiones tendrían la instrucción de acompañar sus pliegos ya que no tienen cuestionamientos en su desempeño.La actitud de Rovira y de todo el oficialismo misionero, busca colaborar en la consolidación de las líneas políticas centrales del macrismo, para encontrar el rumbo que permita iniciar el crecimiento económico que todo el país espera. La renovación, desde un lugar de oposición “responsable, intenta darle un ejemplo a la oposición misionera, sin poner palos en la rueda y buscando ser útil, en todo momento y con todas las herramientas posibles, para que al gobierno nacional le vaya bien y ese bienestar repercuta en Misiones”, explicó la misma fuente.La postura colaborativa de la Renovación con Misiones no quiere decir que deje de plantear, con firmeza, cuando la situación lo amerita, los reclamos que son genuinos y corresponden legítimamente a los misioneros, como ocurrió con la Reserva San Juan, donde hubo un firme pedido de la Legislatura misionera, encabezada por Rovira, para que Yacyretá transfiera a la provincia de Misiones las más de 5.000 hectáreas de ese predio para la creación de un área natural protegida.En los fundamentos del proyecto, el autor recordó que a mediados de la década del ‘80 se determinó el Campo San Juan como una posible área compensatoria que la entidad podría adquirir en Misiones. En ese sector se creó una reserva privada con el nombre Puerto San Juan, con el objetivo de preservar las especies de una zona silvestre representativa. “Esta superficie fue promovida para la constitución de una reserva compensatoria, por su gran valor ecológico y demás condiciones que motivaron su adquisición por parte de la EBY”, argumentó Rovira. “La provincia viene desarrollando políticas de planificación territorial tendientes a mejorar la gestión del territorio, disminuir el desequilibrio territorial y preservar el componente ecosistémico que es el soporte biofísico del desarrollo misionero”, afirmó.