Se hizo efectivo el pasado jueves un aporte no reintegrable de 40 millones de pesos destinado a las arcas de Electricidad de Misiones SA (Emsa) con el objetivo “de morigerar el impacto producido por la quita de los subsidios efectuada por el Gobierno nacional mediante la Resolución nacional 6/16 en el aparato productivo provincial (comercios, industrias, servicios y grandes usuarios)”. El aporte, que en su momento se había anunciado para Emsa y las cooperativas pero que al final fue a parar exclusivamente a las cuentas de la primera, se dispuso para sostener un “subsidio provincial” a los usuarios de las categorías Comerciales e Industriales. El subsidio arrancó en marzo con una quita del 45% del costo total de la energía consumida en febrero, e irá disminuyendo en forma paulatina durante los próximos siete meses hasta llegar al subsidio cero, es decir, al tarifazo en pleno, como ocurrió a principios de este año. En otras palabras, al beneficio justo que recibieron los dadores de empleo lo pagan todos los misioneros, ya que los fondos salieron de Rentas Generales. El antedicho “subsidio”, que ahora ya tiene financiación, irá achicándose paulatinamente mes a mes hasta llegar a cero en septiembre de este año, fecha en la cual se volverá a sentir el fuerte impacto de los desmedidos aumentos decididos por la prestataria provincial y el Gobierno de la provincia. Para esa fecha el Ejecutivo espera haber negociado con la Nación una tarifa diferencial de energía para Misiones, reclamo que a la fecha sólo “está siendo estudiado” según contestaron varias veces los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.
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