Condena social

La situación del Partido de los Trabajadores brasileño se complica día a día. Esta semana un fiscal de San Pablo pidió que el expresidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva sea detenido preventivamente, lo que causó malestar en el gobierno de Dilma Rousseff, también jaqueado política y económicamente. Hace una semana se produjo el allanamiento a su vivienda donde terminó siendo llevado a declarar compulsivamente en la investigación judicial de la megacausa de Petrobras.Lula cosechó apoyos en el Mercosur y analiza una propuesta de la mandataria del PT para acceder a un cargo que le otorgue inmunidad judicial para poder respirar ante el accionar judicial que le apunta también a parte de su familia por lavado de dinero a través de ocultamiento del patrimonio. Dilma, por su parte, salió a negar una renuncia al cargo y acusó a los opositores de pretender elecciones anticipadas.Propuesta superadoraEl Gobierno nacional buscó esta semana que pasó calmar los ánimos de los gobernadores justicialistas (entre los que estuvo Hugo Passalacqua que antes enviaba a negociar al vicegobernador Herrera Ahuad), en momentos claves donde necesita de apoyos en el Congreso para derogar las leyes que permitan definir el pago de la deuda a los fondos buitre. La nueva oferta de restitución del 15% de los fondos de coparticipación que fueron durante el gobierno K a la Anses, fue ahora calificada de “superadora” por parte de los mandatarios. Es que el Ejecutivo nacional pagará el 3% este año en efectivo. Además, ofreció cancelar la deuda en cuatro años en vez de cinco, como indicaba el decreto que molestó a los opositores.Misiones fue una de las primeras provincias en señalar la “necesidad de darle gobernabilidad al gobierno de Macri”, en la voz del diputado y presidente del oficialismo, Carlos Rovira. En ese marco, el acuerdo de la Nación con las provincias por la devolución de la coparticipación “significa un alivio y un respiro de aire fresco para las finanzas provinciales. Se calcula para Misiones una cifra cerca a los 10 mil millones de pesos en cuatro años, lo que permite un margen económico para afrontar las situaciones de ajuste, inflación y estancamiento de la economía”, señaló un funcionario con llegada a los estamentos de poder.El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, pidió entonces que los gobernadores “se olviden del decreto original”. Ahora, en senadores habilitarían el quórum para tratar las leyes y en diputados habría votos suficientes para cumplir con la derogación.Respecto al voto de los legisladores nacionales de la tierra colorada para levantar la “Ley Cerrojo” y pagarle a los bonistas, la postura sería, en lo inmediato, “votar lo que necesita el gobierno de Mauricio Macri para darle gobernabilidad a su proyecto económico. Más allá de las diferencias de postura, que son opinables, es entendible que se exprese el necesario control al límite del endeudamiento y la calidad, en término de economía del endeudamiento. La intención de todos, sin duda, es salir lo mejor y más airosos posible para integrar la provincia al país y el país al mundo en un contexto que, a prima facie, se observa adverso”, explicó una alta fuente de la Rosadita misionera.Cambios de criterioSorprendió y también molestó incluso a los aliados al PRO, la postura que adoptó la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien dictaminó a favor de mantener la confidencialidad del acuerdo entre YPF y Chevrón. “Cambié mi posición porque antes no tenía información”, se justificó quien hasta hace tres meses, era la primera promotora del conocimiento público del cuestionado contrato.Por lo tanto, una parte del mismo seguirá sin publicarse y las sospechas respecto de la letra firmada, levantan críticas en algunos sectores de la política argentina.Hablando de YPF, se conoció la decisión del Gobierno nacional de remover al presidente Miguel Matías Galuccio de YPF, quien pidió más de cinco millones de dólares de indemnización que estarían en una cláusula del contrato cuando regresó al país para gerenciar la petrolera estatal. En su reemplazo nominaron a Miguel Gutiérrez, ex-CEO de Telefónica, quien asumirá a fines de abril. Prometen una transición ordenada en el cambio, como debiera suceder si se pretende una buena imagen de la empresa.Sin preciosLos principales productos primarios de Misiones atraviesan por estos días un conflictivo preludio de las zafras. El té (primero en iniciar su concertación de precios) tiene congelada la negociación por las posturas antagónicas de los productores y los industriales por la dolarización de los montos a percibir en el primer eslabón de la cadena.Se sumó luego el tabaco, donde la producción a través de sus tres gremios pide un 34% de incremento mientras que la industria se quedó en el 28% en su propuesta para este año. Y finalmente, fue la yerba mate, con un Instituto Nacional que lleva varias sesiones de precio derivando al Ministerio de Agricultura una definición arbitral de los precios para el siguiente semestre de cosecha de la hoja verde.Mientras los referentes de cada sector “pelean” por centavos, es el productor el que aguanta todo el tiempo que se estiran las definiciones sin entregar el producto, sin generar recursos y a Dios rogando que no haya un temporal que lo deje sin nada para vender a los acopiadores.Innecesaria violencia verbalAl presidente el Iplyc, Eduardo “Balero” Torres, le molesta que le pidan transparencia en los manejos de recursos de la sociedad del Estado que maneja. Y un diputado opositor, Héctor “Cacho” Bárbaro, le pidió haciendo uso de la ley de “Libre Acceso a la Información Pública” un listado con los montos pagados por el programa “Música por Todos”, tras el escándalo por el millonario depósito a la producción de la gira de Romeo Santos que nunca tuvo previsto cantar en Misiones como prometió “Balero” Torres.Para Torres, fue más fácil agredir verbalmente al diputado (a quien acusó de tener problemas con el alcohol, sin pruebas, cuando Bárbaro está en una banca por haber sido electo por el voto popular, cosa que en el caso del clossista Torres no); siendo función de los diputados, precisamente, la de controlar la gestión.Lo curioso, es que no hubo solidaridad de los mismos diputados frente a un personaje que apela a la desagradable acusación en lugar de la necesaria transparencia.Orden y progresoLas marchas de los usuarios de Emsa y las cooperativas eléctricas que distribuyen la energía en Misiones se van incrementando con el correr de las semanas, tras la ratificación del Gobierno provincial del tarifazo. De las iniciales protestas en Posadas y Jardín?América, ahora se sumaron Eldorado, Puerto Esperanza y se anunciaron las de Garupá y Puerto Iguazú. Eso significa que brota el descontento de la gente no solamente con el abultado monto de las facturas sino también por la falta de medidas internas en Emsa para reordenar financieramente a la deficitaria empresa.A pesar del respaldo p
olítico, el ultra clossista Sergio “Pity” Ferreyra recibe una contundente condena social en cada marcha, en las redes sociales y en espacios públicos con duras críticas hacia su rol y el espacio que dirige en el gobierno misionero. Su ineficiencia y falta de compromiso con el orden y la racionalización de los recursos para evitar facturazo tras tarifazo con tal que los números dejen de estar en bordó y vuelvan al menos a estar en rojo; le provocan un constante desgaste. Quedó en claro que el pago en cuotas propuesto por el ministro de Hacienda Adolfo Safrán, no fue la solución al conflicto y hoy, sin un plan “B”, el gobierno de Hugo Passalacqua apuesta a que la Nación devuelva los subsidios con la promesa de que -si eso ocurre- volverían las tarifas a diciembre de 2015.Esta semana hubo reuniones de funcionarios misioneros con el Gobierno nacional donde se planteó “la necesidad y la obligación moral que tiene la Nación de establecer una tarifa diferenciada para Misiones, por las décadas sin gas natural,  y por el aporte que hace Misiones al sistema interconectado con Yacyretá y el aporte del río Paraná”, dijeron los locales. Los funcionarios del macrismo recibieron con aceptación el planteo y ya lo están analizando. Se esperan buenos resultados en breve.Pero esa tampoco es una solución, porque la empresa sigue mal gastando los millonarios recursos que genera, solventando la estructura política, su convivencia con el sindicato de Luz y Fuerza y vaya a saberse cuántos gastos más por fuera de la compra de energía y los salarios de los trabajadores eléctricos.La ineficiencia se demuestra de algún modo, en la publicación de hoy de este Diario, donde se compara la administración de la empresa eléctrica de Jujuy con un 10% menos de usuarios que la misionera Emsa. Esta última gastó en administración casi cuatro veces más que la jujeña, generó un déficit de casi 500 millones en 2014 contra un superávit de la jujeña. ¿Ñoquis? ¿Gastos innecesarios? ¿Favores? Algo sucede en Emsa para ser tan deficitaria y -más allá de la enorme herencia de ocho años de Closs- el nuevo gobierno no reacciona para poner en caja a la pésima administración eléctrica sin que el costo del desequilibrio lo paguen los usuarios de un mal servicio. Es tiempo de tomar decisiones desde el Estado, si no, el malhumor irá incrementándose en las calles.