“Litigar en el fuero penal es una misión casi imposible”, consignó a este Diario uno de los abogados penalistas que participó hace 48 horas en una reunión en el Colegio de Abogados de Misiones, donde expresaron su inquietud y preocupación por la crisis estructural que -consideran- afecta a la Justicia del fuero penal de la provincia.Se trató de una reunión informal en que se debatieron aspectos relacionados al presente del fuero penal. Las críticas por momentos fueron ácidas; desde la designación de jueces y funcionarios; proceso que fue catalogado como “una puesta en escena”; y hasta la necesidad de contar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) con un especialista en material penal.Es el momento justo después de la renuncia César Santiago y el fallecimiento de Humberto Schiavoni.En el terreno de los análisis, el encuentro dejó aristas interesantes. Por ejemplo, las estadísticas sobre resoluciones condenatorias prácticamente sin votos en disidencia.No fue ni es el único cuestionamiento. Las consecuencias de la lentitud del STJ en resolver causas complejas del fuero penal (que en algunos casos tardan años en ser dilucidadas; si es que ocurre) impactan directamente en una rápida y efectiva administración de Justicia.Sin dejar de mencionar los casos que fueron revocados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que el máximo órgano judicial de la provincia pasa por alto y ni siquiera se toma el trabajo de rever la condena impuesta por un Tribunal inferior.Este planteo impulsó el debate sobre la imperiosa necesidad de la creación y puesta en funcionamiento de una Cámara de Casación penal, integrada por especialistas en la materia que garanticen derechos y garantías constitucionales como el respeto al juez imparcial, al principio de la doble instancia, del debido proceso.En la ocasión se citaron casos concretos, revocados por la CSJN, que hasta podrían desembocar en sanciones económicas al Estado argentino, como el caso Artymyzyn (que se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos), el expediente “Iriarte”; la causa Ercélides Dávalos (la Corte declaró nula la sentencia y ordenó una nueva, mientras los sospechosos continúan privados de su libertad)…Agenda temáticaOtros temas pasaron por la agenda del encuentro: el excesivo plazo de detención sin condena; las condiciones en que estas personas se encuentran privadas de su libertad; la necesidad de que el STJ se divida en salas (una Constitucional y otra Penal, por dar un ejemplo).La Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional de la provincia también fue blanco de objeciones. El debate quedó abierto. La reunión acabó con el compromiso del Colegio de Abogados de una audiencia con el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, y con los ministros del STJ para debatir este y otros puntos que hacen al funcionamiento de la Justicia penal.
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