El Gobierno está estudiando cómo resolver el medio millón de juicios por reajustes de haberes que mantienen los jubilados contra la Anses. Las opciones que se barajan se mantienen en total hermetismo, pero pasarían por ofrecer un pago al contado, combinado o no con bonos según los casos y montos, por la deuda acumulada desde el inicio del juicio, con algún descuento. A cambio, el jubilado debería retirar la demanda.En el Gobierno saben que la mayoría de esos juicios se apoyan en fallos de la Corte Suprema (Badaro, Elliff, “renta vitalicia” de ex AFJP, y otros). Así, aunque Anses apele como viene haciendo, cuando llegan a la instancia final, en procesos que duran hasta más de diez años, el Estado termina siendo condenado al pago de la retroactividad más intereses, abultando la deuda. Y además, debe reajustar el haber corriente de acuerdo a los términos de la sentencia. Por eso, los últimos pagos de sentencias de la Anses arrojaron un promedio de poco más de 300.000 pesos por jubilado.En tanto, el jubilado vive en la incertidumbre, con haberes que no le alcanzan y en innumerables casos, el resultado final del juicio se conoce varios años después que fallece. La deuda pasa al cónyuge y demás herederos. Lo que está en juego con los jubilados con juicios superaría los $120.000 millones, a lo que se agrega el reajuste de sus haberes mensuales.Los indicios de que este plan está en estudio los dio el jueves el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso. Al anunciar junto al presidente Macri la movilidad del 15,35% para las prestaciones de marzo a septiembre, ante una pregunta periodística, Basavilbaso respondió: “Analizamos el tema de los juicios. Tenemos un stock grande de juicios que hemos recibido como herencia y queremos hacer alguna propuesta al respecto. Creemos que la estrategia de seguir postergando la resolución de estos juicios no es adecuada, considerando que hay adultos mayores, de edad avanzada que siguen litigando con el Estado hace muchos años. Así que junto con el presidente Mauricio Macri estamos analizando una propuesta que sea sustentable, porque como bien dijo el Presidente no se trata de gastar más de lo que ingresa como impuestos. Por eso estamos tratando de diseñar una propuesta que sea fiscalmente posible a nivel presupuestario para cumplir con estos reclamos que tienen algunos más de diez años”.Desde la Anses dijeron que “por ahora todo lo que hay es lo que se dijo jueves”. Pero en otras dependencias de la Seguridad Social dieron algunas pistas:• La propuesta pasa por una definición política con fuertes implicancias financieras. Las sentencias de los jubilados no se pagan del dinero de la caja de la Anses sino de partidas especiales que se aprueban todos los años en el Presupuesto Nacional. Por ejemplo, para 2016, la partida es de $12.500 millones lo que alcanzaría para el pago de 40.000 sentencias. Además, figuran otros $1.676,2 millones para los fallos que benefician a retirados y pensionados de la Policía, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.• “El Ejecutivo y el Congreso tienen que decidir cuánto se va a destinar a las sentencias -en efectivo y eventualmente en bonos- y si quieren avanzar sobre los juicios que aún no tienen sentencias pero que inevitablemente van en la misma dirección”, respondió la fuente. Además, en el Congreso hay proyectos de ley que ordenan extender a todos los jubilados, con o sin juicio, los beneficios de los fallos de la Corte. Y la propia Corte tiene sin resolver esa extensión por un pedido que hizo la Defensoría del Pueblo en 2010.•A pesar de esos pagos, el stock de juicios no disminuye porque ingresan nuevas demandas por nuevos casos, como la reciente decisión de la Corte de ordenar la movilidad a cargo de la Anses de las “rentas vitalicias” de las ex AFJP o el pago de indemnizaciones por “daño moral” por la demora en el cumplimiento de las sentencias. “A los que ya tienen sentencia, se les debe pagar lo que marca el fallo. Al resto, que son la mayoría, se podría diseñar una propuesta que contemple opciones de pago al contado y/o con bonos, con algún descuento sobre lo reclamado. La aceptación sería voluntaria”. Miles y milesSe estima que en el edificio de Lavalle 1441 en la Ciudad de Buenos Aires -especialmente alquilado para “guardar” expedientes- hay 78.000 causas. En tanto, en promedio, cada sala de la Cámara tiene en trámite 10.000 causas, los diez juzgados del Fuero otros 25.000 expedientes cada uno, mientras que -por orden de la Corte Suprema- se devolvieron unas 30.000 causas a juzgados del interior del país. La mayoría de los juicios son por reajustes de los haberes luego de la crisis de 2001-2002. Luego crecieron cuando la Corte Suprema dictó varios fallos favorables a las demandas de los jubilados, como el caso Badaro o Elliff por la falta de actualización de los haberes entre 2002 y 2006 y de los sueldos que sirven como referencia para el cálculo de las jubilaciones.Las demandas de los retirados de las FFAA y de Seguridad también aumentaron porque les liquidaron las jubilaciones o retiros sin incluir los rubros no remunerativos.“Fuero colapsado”El juez Luis Herrero, presidente de la Sala II de la Cámara de Seguridad Social, advirtió que “el fuero está colapsado” porque hay en trámite al menos “30 mil expedientes” de demandas de jubilados por reajuste de haberes y señaló que la situación persiste porque no se dictan fallos “de efecto colectivo” como lo indica la Constitución nacional.El camarista también señaló que “se envía a los jubilados a hacer juicios interminables” y los demandantes “mueren todos en el camino”.Asimismo, criticó el manejo de la Anses “durante la gestión anterior”, la del kirchnerismo, al señalar que utilizaba los fondos previsionales con fines “extraprevisionales”.“El fuero está colapsado. Es inaudito que la cámara tenga en trámite 30 mil expedientes, 10 mil por sala, que estén congelados en un edificio anexo 82 mil expedientes con sentencia de primera instancia porque no pueden ingresar a la sala para el trámite de recurso por falta de espacio físico”, resaltó.Herrera apuntó que “por día se extienden alrededor de 160 poderes a favor de jubilados para hacer juicios de reajuste de haberes” por las liquidaciones que realiza la Anses y resultan insatisfactorias.Sin embargo, explicó que “esa acumulación de expedientes se debe a que no se dictan fallos como la Constitución manda en el artículo 43 con efecto colectivo cuando estas decisiones alcanzan a centenares de miles de jubilados y pensionados, que se los obliga a hacer juicios interminables de siete o más años”. Fuente: Agencias de Noticias y Medios Digitales
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