El procedimiento adoptado por los cuatro asesores, que se habrían auto adjudicado con una Resolución de mano propia el pago de 4 millones per cápita de indemnización por los diez años de funciones, no tiene justificativo alguno y -de ajustarse a la verdad la versión del caso- indica que los ahora exasesores descontaron un alto grado de impunidad a su favor. La fuerte suma no sería de por sí cuestionable si no se hubiese obtenido con una interpretación forzada de su legalidad, ya que se habría aplicado a funcionarios políticos una normativa que correspondía a quienes revistan en la planta permanente del organismo; a lo cual hay que agregar la ya mencionada auto asignación de parte de los beneficiarios del irregular desembolso.Aunque pueda parecer anecdótico, siempre partiendo de la veracidad de la denuncia, hasta el detalle de la fecha en que se habría abonado la elevada indemnización en sede bancaria también resulta significativo, al coincidir con la ceremonia de cambio de gobierno a nivel nacional y dejar entrever la intención de apurar el cobro y poner a la nueva administración ante un hecho consumado. Muchas veces se ha observado, desde este Diario, que la corrupción en el sector público se mantiene por tolerancia indebida y falta de controles y exigencias a quienes asumen la función de dirigir instituciones públicas y manejar recursos que, en última instancia, son de todos los ciudadanos.Este presunto acto de corrupción debe ser investigado a fondo en favor del cambio que la sociedad reclama;?de cara a la ínclita tarea de reemplazar la conducta facciosa en muchos ámbitos oficiales por una genuina sujeción a los principios de la ética de la responsabilidad, indispensable en la función pública.
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