El hacendado brasileño Rui Escobar agita un documento amarillento, sin ocultar su frustración: es el título de propiedad de su estancia, que tribus indígenas aseguran les pertenece desde hace mucho, mucho antes.“Esta granja pertenece a mi familia desde hace más de 100 años, pero no puedo cultivar ahí porque los indígenas la han ocupado. Tuve que ir con el ejército a cosechar mi maíz”, dijo este terrateniente de 55 años en Dourados, en el estado de Mato Grosso do Sul (oeste).En conflictos de tierra agravados por la producción masiva de soja, maíz y ganado en la zona, los hacendados de Brasil son representados muchas veces como los villanos que arrebatan a los indígenas sus derechos ancestrales, y que a veces usan violencia letal en su contra. No sólo tienen el dinero y la pólvora, sino un enorme músculo político en el Congreso, donde el lobby del agronegocio es uno de los más poderosos.Pero la realidad es más compleja, y terratenientes como Escobar aseguran que también son víctimas.Las raíces de la lucha por la tierra datan del siglo XIX, cuando el Estado entregó tierras en la frontera con Paraguay a colonos no indígenas. Las tribus guaraníes del lugar fueron expulsadas y transferidas a reservas que se convirtieron en miserables centros de prostitución y alcoholismo.Luego, hacia 1970, el Gobierno comenzó a demarcar tierras ancestrales guaraníes y los indígenas vieron la oportunidad de regresar.Para algunos esto ha sido relativamente simple, pero muchas veces dio lugar a disputas legales, dejando incierto el estatus de esta tierra valiosa, en su mayoría praderas deforestadas ocupadas por ganado y plantíos de maíz y soja.Muchos guaraníes se tornaron impacientes con los retrasos sin fin y se mudaron a sus tierras ancestrales de todos modos, proclamando sus derechos y construyendo barracas con techos de palma sobre antiguos cultivos o al borde de plantaciones de caña de azúcar. La turbulencia provocó un derrumbe de cerca del 60% en los precios de la tierra en cinco años y afectó el mercado de semillas y de equipamiento agrícola.“¿Quién va a comprar equipamiento o tierra si corre el riesgo de que le invadan mañana?”, preguntó Escobar. La facturación de la hacienda de su familia llegó a ser de 1,9 millones de dólares antes de la ocupación, pero ahora asegura que está cerca de la quiebra.Baño de sangre Lo que los indígenas llaman “reocupaciones” termina muchas veces con un baño de sangre, en general indígena.Por ejemplo, a fines de agosto, guaraníes del poblado de Marangatú, al oeste de Dourados, ocuparon un territorio que era técnicamente reconocido como suyo, pero cuyo estatus final estaba indefinido desde 2005.Docenas de hacendados apoyaron al terrateniente propietario de las tierras y en las confrontaciones violentas un guaraní de 24 años, Simeao Vilhalva, recibió un balazo en la cabeza. Su cuerpo está enterrado allí.Más de 40 indígenas fueron asesinados en 2014, según las últimas cifras de Cimi, una ONG católica que defiende su causa.Escobar asegura que su familia “estaba contra la violencia, aunque otros fueron menos escrupulosos”.Sin embargo, él mismo fue acusado de dos asesinatos de indígenas en 2011, cuando indígenas se instalaron en su hacienda, y su juicio aún no ha terminado.Algunos hacendados contratan a guardias de seguridad, aumentando el clima de amenaza en las zonas en disputa.“Si alguien entra, estamos autorizados a inmobilizarlos”, dijo uno de ellos, armado con una pistola, detrás de un portón en la hacienda Ouro Verde, en Paranhos, al suroeste de Dourados.Algunos hacendados han ido incluso más allá, pagando a compañías de seguridad en negro para que expulsen a los ocupantes.“Si la policía o el ejército mata a un indígena, crearía problemas. Prefieren dejarnos eso a nosotros”, dijo a la AFP el jefe de uno de esos grupos, que pidió el anonimato.Pero muchos hacendados dicen que les gustaría dejar la tierra a los indígenas si el Gobierno les compensara. La solución, no obstante, parece ser irreal.“Me propusieron 8.000 reales (2.070 dólares) por hectárea, pero eso es lo que se paga por tierra no desarrollada”, dijo un hacendado en Paranhos que pidió no ser identificado. “Ahí no hay pago por el sistema de irrigación que instalé y que me costó 10.000 reales por hectárea”.Los indígenas están buscando una manera de hacer su propia presión económica, llamando al boicot de carne, azúcar y soja de la tierra disputada, el corazón agrícola de Mato Grosso do Sul, afirmando que los alimentos están “manchados con sangre indígena”. La iniciativa apunta a gigantes del sector como JBS, Marfrig, Bunge o ADM.Sin embargo, su poder económico y político es limitado. Los hacendados por su lado gozan del estatus que va con trabajar en un sector que representa el 20% del PIB brasileño.La influencia del lobby agrícola puede crecer aún más si una enmienda constitucional en estudio del Congreso es aprobada.
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