Vulnerables, en el medio de una contienda electoral y sin ninguna seguridad laboral, así se sienten los empleados del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quienes se declararon en alerta y movilización durante todo este mes. En el marco de estas protestas, los empleados de la sede en Misiones realizaron esta semana una manifestación y repartieron panfletos para explicar la difícil situación que atraviesan. No sólo en esta provincia, ya que también se desarrolló la misma medida en las provincias de Mendoza y Córdoba. El dato que alertó a los dirigentes nacionales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es que alrededor de 70 mil trabajadores tienen contratos que vencen el 31 de diciembre. Y encima desde el 2002 hasta diciembre de 2014 aumentó el porcentaje de trabajadores contratados en el Estado nacional, de 6,3% al 17,1%, dejando de lado la posibilidad de que pasen a planta permanente. La información surgió de la Oficina Nacional de Presupuesto y del Indec, ambos dependientes del Ministerio de Economía. El Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de ATE (Idep), fue el encargado de elaborar el informe de todos los trabajadores en esa condición y como consecuencia de esto denunciaron un doble fraude laboral. Por un lado, “sostienen el permanente empleo de trabajadores, pero bajo contratos que establecen tareas temporarias”, indicaron el Idep y que “de este modo el Estado se ahorra el pago de adicionales y costos de un eventual despido. Y por el otro, es un porcentaje de trabajadores que supera el 15% admitido en un decreto del 2006”. “Estas modalidades más flexibles y precarias de contratación se implementaron a partir del congelamiento de vacantes en la planta permanente del sector público que se dio en 1994 y se mantuvo mayormente hasta 2008, momento a partir del cual comenzaron a abrirse concursos aunque de manera incipiente, quedando fuertemente arraigadas estas prácticas de fraude laboral al interior del Estado”, explicita el Idep.
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