Los avatares de un proceso político-electoral marcado por fuertes enfrentamientos, impidieron que la iniciativa contara en esta oportunidad, como sí ocurrió en 2013 al obtener la media sanción en el Congreso Nacional, con el apoyo de la gran mayoría de los bloques partidarios.La norma aprobada, que introduce modificaciones e incorpora artículos a la Ley 24.521, resistida por estudiantes, docentes y hasta instituciones educativas como la UBA en ocasión de su sanción en los años 90, establece la responsabilidad "indelegable y principal" del Estado respecto de la educación superior, considerándola un "bien público" y un "derecho humano".Garantiza, por otra parte, "la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso" y prohíbe "cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos".Probablemente, el contexto político le retacea consenso y amplitud de miras a una ley que, en sus conceptos esenciales, aporta al activo intangible más valioso de cualquier sociedad: el respeto a sus tradiciones y a las instituciones forjadas en el largo proceso de la historia nacional. La gratuidad está en vigencia en la"Universidad argentina desde 1919, cuando se instituyó por obra de la Reforma Universitaria, hito democrático que emergió en esos años y fue visto como un faro de progreso y equidad para todo el continente. Bueno es recordarlo, y valorar lo andado, más allá de los vaivenes de la coyuntura.
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