El escándalo en el Sistema de Gestión de Expedientes Digitales (Siged) parece encaminarse hacia su extinción con un fallo cuanto menos polémico: el juez en lo Correccional y de Menores de esta ciudad, César Raúl Jiménez, desestimó las denuncias por "presunto espionaje" presentadas por los jueces de Instrucción Ricardo Walter Balor; César Antonio Yaya, Marcelo Alejandro Cardozo y Fernando Luis Verón.La inexistencia de delito es la columna vertebral de la conclusión a la que arribó Jiménez, que resultó coincidente con lo que ya había opinado previamente la fiscal de Instrucción 3, Adriana Herbociani.El escándalo saltó a la luz el 8 de mayo pasado cuando Balor y Yaya denunciaron que, usuarios desconocidos se infiltraron en expedientes digitales de sus respectivos juzgados y habrían accedido a información clasificada sin autorización.Jiménez se basó en los testimonios de técnicos del Siged, de la jueza Marcela Leiva, en un informe de la Gendarmería Nacional y de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) para arribar a la conclusión de que el escándalo ocurrió por una "falencia comunicativa" del Sistema con sus operadores y que las supuestas intromisiones ilegales fueron, en realidad, parte del proceso de actualización que efectúa el Siged para brindar un mejor servicio."… esta ineficacia para poder expresar que se está llevando a cabo una actualización no significa que exista espionaje…", subrayó el juez.En la visión del funcionario, quedó claro que no hubo una intromisión ilegal y que lo que los denunciantes observaron en sus expedientes como "modificado", fue en realidad un barrido técnico operativo."No se constata un ingreso sino que se verifica una actualización con una leyenda ‘modificado’ que no es clara, pero no constituye una conducta típica. No hay indicios de que un usuario haya ingresado a un expediente restringido, no surge de las denuncias ni tampoco de las investigaciones. Esto no quiere decir que no suceda, sino que no hay ningún indicio en esta causa que siquiera infiera que haya ocurrido", señaló.Los cuatro jueces de Instrucción denunciaron también que les habían creado usuarios "paralelos" para ingresar a las causas. En este punto, sustentado por la opinión de los mismos hombres del Siged, indicó que ello era necesario por las subrogaciones que efectuaban los denunciantes, con excepción de Balor.Al parecer, los jueces no podían acceder con una misma clave a causas de juzgados diferentes y por esta situación, era ineludible crear una alternativa.El dato no es menor; según pudo averiguar PRIMERA EDICIÓN, al menos uno de los denunciantes sí podía acceder a las causas de su Juzgado y al del Tribunal que subrogaba con un mismo usuario.En la investigación apareció una protagonista inesperada con una intervención muy oportuna:?la jueza Marcela Leiva, titular del Juzgado en lo Correccional y de Menores 2 de Posadas, que en su momento subrogaba el TP 2, quien declaró que ella pidió usuarios paralelos para César Yaya y Fernando Luis Verón, para que pudieran acceder a los diez cuerpos de la causa por el crimen de "Kuki" Barrufaldi, porque ambos integrarían el Tribunal que juzgaría a los responsables del hecho.Llama la atención que ambos denunciaran luego esta situación como supuestamente irregular. Y más aún lo que declaró un técnico del Siged, de que él creó los usuarios en presencia de los magistrados; en sus despachos e incluso, mirando para otro lado para no ver las contraseñas.Lastimosamente, durante la investigación no se efectuó la confrontación de información, incluso con el testimonio cuanto menos por escrito de los denunciantes, para conocer la verdad de la situación, a la luz de la contrariedad de ambas posiciones.Otro dato interesante de la investigación es que se cita, a manera de ejemplo, la situación del juez Osvaldo Rubén Lunge, del que se indicó poseía varios usuarios debido a las subrogaciones que efectuaba. Una situación similar ocurría con los denunciantes, con excepción de Balor (de acuerdo con la resolución), pero ninguno de ellos tenía más de una clave, indicaron.Al parecer, la normativa indica que el Siged no puede crear usuarios sino por expreso pedido de los jueces, funcionarios o empleados del Poder Judicial.En el caso de Cardozo, por ejemplo, un empleado lo solicitó cuando aquel ya no subrogaba el Instrucción 7, porque debían registrar coches secuestrados, pero en ningún momento le avisaron de ese proceder. Además, resulta raro que no se lo pidieran, vía expediente papel, al nuevo magistrado de ese cuerpo.La resolución de Jiménez pareciera dar por concluida una polémica que despertó polvareda en el Poder Judicial.
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