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Argentina tras doce años de kirchnerismo

24 octubre, 2015

Un análisis de los doce años del kirchnerismo en materia de empleo como de ingresos de asalariados no es tarea sencilla, ya que choca con la decisión oficial de haber introducido en el principal organismo a cargo de las estadísticas públicas, el Indec, distorsiones que producen más brumas que nitidez.Con los recaudos necesarios, puede mencionarse que el ritmo de creación de empleo entre mediados de 2002 y mediados de 2007 tuvo un dinamismo que no sólo contrasta con el magro desempeño de los años noventa, sino que tiene pocos antecedentes.     Durante el último cuarto de siglo, el empleo asalariado urbano elevó su número de ocho a nueve millones entre 1991 y 2000 pero la crisis de 2001 retrajo su volumen al punto de partida. Ya en 2007 se había alcanzado un total de 11,2 millones que se elevó a doce millones en 2013. Si comparamos este último dato con el del 2000 el aumento fue del orden de un tercio, pero contra 2002 el alza es del 50%.A fin de evitar el enredo coyuntural, vale hacer esta comparación histórica: el empleo asalariado de la industria en argentina se incrementó en un 50% entre 1935 y 1941, llegando a su duplicación antes de que termine la guerra. Al asumir Juan D. Perón su gobierno en 1946, el empleo industrial era el 120% más voluminoso que a mediados de los años treinta con un millón de asalariados en el sector fabril. Luego de esa fecha el empleo industrial no creció demasiado al punto de que en la actualidad se ubica en torno del millón y medio.Entre 2002 y 2007 los asalariados se incrementaron a un ritmo del 6% anual aproximadamente. Desde entonces el aumento no alcanza al cinco por ciento acumulado, no anual sino por trienio (eso vale tanto para 2007-2010 como para 2010-2013). El contraste no puede ser más evidente para mostrar el estancamiento registrado recientemente en el empleo. Dicho cambio deriva, sin dudas, de la interrupción del crecimiento económico que habíamos logrado a la salida de la crisis conjugando la devaluación de nuestra moneda, uso de la capacidad instalada, recuperación de la mediana y pequeña empresa y un fuerte estímulo proveniente del sector externo de la economía.En el último cuatrienio, por contraste con el primer gobierno del kirchnerismo, la nota característica es el estancamiento económico y, por tanto, la disminución (sino la ausencia) de demanda ocupacional. Además, en aquellos primeros años de bonanza, lo dominante era la creación de empleo protegido mientras que desde hace un quinquenio no se logra disminuir la proporción de asalariados precarios.Los datos de ingresos del sector del trabajo después de la crisis indicaron una recuperación significativa pero rezagada respecto del aumento del empleo. Esto significa que recién a partir de 2004 se hace visible la recuperación del salario real.     Sin embargo desde 2007 la reaparición del proceso inflacionario (el que quiso ser disimulado con el falseamiento de las estadísticas de precios) generó tensiones y mayores heterogeneidades entre distintos núcleos de asalariados. Además también aquí hay incertidumbre sobre la verosimilitud de los datos correspondientes originados en la EPH.En tiempos recientes se divulgaron datos según los cuales, en medio de las dificultades visibles en el mercado de trabajo, el Indec informaba que en un año el empleo precario había mejorado sus ingresos significativamente más que los empleados “en blanco”. Difícil de admitir pero son los datos disponibles.Debe anotarse, también, que a lo largo de este decenio extendido hubo desde el punto de vista normativo esfuerzos importantes por mejorar el escenario en que se desempeñan los asalariados, junto con la recomposición de la propia institucionalidad de la cartera. Las normas tendientes a la regularización del empleo precario, con ser valiosas, no lograron perforar el porcentaje de un tercio de asalariados sin protección.Una hipótesis plausible sería que ese fenómeno no se circunscribe al accionar del mercado laboral y a su normativa sino que se conecta con la dinámica económica general y con la política fiscal global.En este marco, la tarea por delante seguramente dependerá menos de la acción que pueda emprenderse desde el Ministerio de Trabajo cuanto de la orientación de la política económica para la cual el panorama que se presenta es harto complicado.     El dinamismo perdido deriva tanto de notables errores de política (o directamente de la ausencia de una estrategia orientadora de las medidas de corto plazo) como de un empeoramiento de las condiciones que nos vinieron asistiendo en gran parte del lapso reciente. La fuerte demanda de productos primarios que impulsó fuertemente a toda América Latina está flaqueando y los precios se han debilitado de manera notable. Esto se puede ver en el petróleo que había alcanzado los 150 dólares el barril y desde hace un año está en 50. Aunque con menos intensidad también afecta a nuestras exportaciones de soja. En nuestro país se agrega la crítica situación de un importante socio y comprador como es Brasil.De modo que -sin llorar sobre la leche derramada- no podemos evitar lamentar que en los años más propicios no hayamos podido reconstruir las bases productivas y la forma en que se distribuye el ingreso generado por la economía. Sobre esto último tampoco se cuenta con información fehaciente más allá de los imprecisos anuncios acerca de la eventual superación del famoso “fifty-fifty”. Las manipulaciones estadísticas llegaron también a lo que se denomina las Cuentas Nacionales. Hay fuertes cuestionamientos sobre la verdadera dimensión la producción anual y sobre el ritmo de su evolución al menos en el último quinquenio.     De esto deriva la necesidad de sugerir al nuevo gobierno que la preocupación por la recuperación macroeconómica no deje de lado los esfuerzos por proteger y mejorar el empleo asalariado.Esa protección debe abarcar a la totalidad del sector laboral no sólo a los cubiertos por las normas legales vigentes para lo cual entre otras medidas de alcance general está la de conocer verdaderamente el volumen, características y dinámica del empleo en Argentina lo que requiere recuperar las estadísticas públicas.Fuente: Agencia de Noticias NA

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Hace siete años entrena musculación, se capacitó como instructor y hoy tiene su propio gimnasio en Posadas, donde busca acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares. “La obesidad es una enfermedad silenciosa, no una cuestión estética”, advirtió. ⚠️🏃‍♂️Tras bajar casi 100 kilos y someterse a una cirugía de manga gástrica, Morel mantiene controlada la hipertensión con alimentación y actividad física. Su mensaje es claro: “Esto no es un deporte, es un estilo de vida”.
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
En 2025 aumentaron las atenciones a pacientes con obra social tras perder coberturas, caída de convenios o costos elevados. El nosocomio posadeño concentra casos complejos regionales, sostiene nacimientos y suma presión por cierres de terapias en clínicas.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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