Paraguay expectante

ASUNCIÓN, Paraguay (Agencias y diarios digitales). El juicio a 12 campesinos por la masacre de Curuguaty, que dejó 11 labriegos y 6 policías muertos en 2012 y provocó la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo, se reanudó ayer en el Palacio de Justicia de Asunción con la presencia de activistas y observadores internacionales.Tras seis interrupciones desde su comienzo en julio, ayer arrancó una audiencia a primera hora de la mañana, convocando a activistas y políticos paraguayos y de otros países que han llegado para observar el desarrollo del proceso, que mantiene en prisión o en arresto domiciliario hace más de tres años a los campesinos acusados.El proceso judicial por la masacre de Curuguaty involucra a doce adultos con la muerte de seis policías, ocurrida durante un violento desalojo en junio de 2012 de las tierras, en disputa entre el Estado y una empresa, que unos campesinos habían ocupado para solicitar que formaran parte de la reforma agraria.Desde julio, los campesinos cambiaron de abogados defensores y solicitaron la nulidad del juicio por violaciones al debido proceso.La nueva defensa solicitó al tribunal más tiempo para poder estudiar los archivos del caso que, según declaró el abogado Pablo Aguayo, le fueron entregados hace apenas horas. El abogado también insistió al tribunal sobre la necesidad de traductores de idioma guaraní, oficial en Paraguay junto al español y que es la lengua más usada en las zonas rurales del país. “La defensa no puede prepararse de forma adecuada cuando toda la información le fue entregada ayer”, dijo en el Palacio de Justicia el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Enrique Gauto. La matanza, cuyo comienzo nunca fue esclarecido, desembocó una semana después en un juicio político al entonces presidente, Fernando Lugo, en el Parlamento, en el que fue destituido por mal desempeño de sus funciones.Ese evento que convulsionó la vida política del país y dejó a Paraguay aislado diplomáticamente en la región, al ser suspendido durante un año de las organizaciones Mercosur y Unasur.Mientras que los campesinos son acusados de invasión de inmueble ajeno, tentativa de homicidio y asociación criminal, la Fiscalía no ha investigado ni imputado a nadie por la muerte de los once labriegos en el tiroteo.El terreno conocido como Marina Kué, donde se produjo la masacre, consta de unas 2.000 hectáreas de tierras en litigo hace una década entre el Estado y la familia del fallecido Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).